Manuel Mondragón y Kalb Reinserción social: inaplazable
Comentar sobre los diversos aspectos y dimensiones que engloba la seguridad pública, no consiste únicamente en referirse a la acción policial, pues hay un amplio espectro temático: son varios los capítulos que intervienen en el ámbito y que provocan nuestra atención y reflexión.
Observo cinco temas en este gran conjunto que exigen ser abordados.
Primero, como sucede en el campo de la salud, mientras que la persona, la sociedad y el medio se mantengan sanos, los esfuerzos que promueven el estilo de vida saludable permiten encauzar de forma adecuada las acciones en tal dirección, tanto para individuos como para la comunidad.
En un segundo término, dentro de la materia policial propiamente dicha, se convoca a la organización de las estructuras de policía para atender a la seguridad y el orden. Ahí, emergen respuestas para el qué, el cómo, quiénes, cuándo, con qué recursos, etcétera. Como resultado de ello, se definen funciones, programas y estrategias; además de ubicar la información que permite atender y prevenir situaciones delictivas.
El tercer rubro corresponde a la impartición y administración de justicia. En la materia se han presentado cambios de fondo y forma muy relevantes; entre los cuales se ubica el Sistema Penal Acusatorio y Oral, al cual no puedo calificar por su éxito o fracaso sin reparar en la valoración de sus elementos. Me pregunto, ¿qué tanto se ejerce y qué resultados ha ofrecido?, ¿hay indicadores suficientes?, y, quizá lo más importante, pese al tiempo que fue dable para la capacitación de los diversos actores responsables, ¿ya cumplimos con los objetivos?
En el cuarto lugar está la administración de justicia. En esta área no abundaré por cuidado a quienes ondean bajo su responsabilidad este quehacer; me refiero al Consejo de la Judicatura Federal y a las Fiscalías.
El quinto componente y motivo de nuestra entrega es la reinserción social. Si bien existen estudios que abordan la materia, esta ha recibido mínima atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la República. En realidad, conocen poco sobre el Sistema Penitenciario Nacional: es parte de lo que se quiere olvidar o en lo que nada se desea gastar.
Al hablar de inversión, no nos referimos a la construcción de más centros, sino a la contratación de más personal, a la mejor preparación de los directores, abogados, operadores, custodios y policías de seguridad; asimismo, a la elaboración de mejores programas de readaptación y reinserción, hoy inexistentes en los penales. No se debe olvidar que el principal objetivo en tales instituciones, es que las personas privadas de la libertad (PPL) no vuelvan a delinquir.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (CNDH, 2018), en México hay 205 mil PPL recluidos en 308 penales y, de ellas, cerca de la mitad no han sido sentenciadas.
De 1990 a la fecha, la capacidad penitenciaria ha crecido 337%, según el estudio Características de la población privada de la libertad en México (INEGI, 2018). No obstante se registran hacinamiento e irregularidades en la operación.
El tema de los menores infractores también está semiabandonado, tanto por las autoridades como por las instancias defensoras de los derechos humanos. Muy poca atención se les presta y la información es escasa.
En resumen, los grandes conceptos que integran la esfera de la seguridad pública, la procuración, la impartición y administración de justicia, así como la reinserción social presentan limitada eficacia en su marco procesal, de acción y resultados. Recientemente, el Estado ha comprobado tal aseveración que a muchas personas nos margina hacia una importante preocupación y desamparo.
México tiene de sobra personas con vasto conocimiento que, en el curso de sus trayectorias han demostrado el talento hoy tan requerido. Pero, la pregunta es vigente: ¿dónde están?, ¿qué hacen?, ¿por qué no han sido convocadas?, ¿por qué no actúan en consecuencia? Más que nunca, todos son necesarios para la patria.