Jucopo olvida la paridad –y la Constitución–
Mi reconocimiento al colectivo Mujeres en Plural en su décimo aniversario.
El pasado martes el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la designación de 20 magistraturas electorales locales y, tal y como se dijo desde un principio, parece que la paridad sigue sin importarles, mucho menos que es un mandato constitucional. Total, por encima de la Constitución nada, ni nadie ¿o no?
Pese a que fuimos muchas las voces que alertamos desde la emisión de la convocatoria que se debía cumplir con dicho principio, no se nos tomó en cuenta y mucho menos a quienes participaron en ella.
De las 21 designaciones que se deben realizar 12 son para mujeres y 8 para hombres, una desierta (salieron 21 hombres). Sin embargo, no se cumple con lo mandatado para que los 32 órganos jurisdiccionales se integren paritariamente. Solo hay 38% de mujeres. Con las 12 que se suman esta cifra crecerá a 43%. Si se hubieran designado 20 mujeres, hubiéramos tenido 49.5% en la totalidad de magistraturas locales. Es una lástima que no todos piensen así. No es paridad solo de estas designaciones, ahora es avanzar hacia la paridad en la integración en cada tribunal.
Hubiera sido estupendo que, en todos los casos donde había prevalecido el género masculino (dos hombres-una mujer o tres hombres-dos mujeres) se hubiera dado la congruencia que ahora las mujeres fueran mayoría. Se dejó pasar esta oportunidad en la Ciudad de México, Sonora y Yucatán.
Todo parece indicar que las viejas formas de designación no han cambiado. Más allá de pensar en cumplir con la máxima ley del país, se continúa viendo a las magistraturas como cuotas de poder; sin importar idoneidad, ni perfiles. En el procedimiento faltó certeza y transparencia. Se trató más bien, de una legitimación de unos cuantos.
Urge que se establezca un procedimiento legal y transparente. Es insostenible la discrecionalidad con la que se eligen. Se dejó de analizar capacidades e idoneidades y se mantuvo la opacidad.
Porcierto,bajolasexperienciasde los aspirantes, lo único rescatable fue el uso de la plataforma digital. Esta permitió la inscripción sin presentarse en el Senado y significó un ahorro en la certificación de copias, lo cual en muchos casos superaba los miles de pesos. Bien ahí.
No obstante, imperó la falta de cuidado en todo el proceso: comenzó con la falta de lenguaje incluyente en la convocatoria, la falta de claridad en los plazos, desacreditación excesiva de aspirantes sin concederles su garantía de subsanar errores causados por la falta de claridad de la convocatoria (no testaron sus datos correctamente), se presentaron varias impugnaciones, los dictámenes de idoneidad, y las fallidas comparecencias.
Estas últimas son un caso de desprecio de la Comisión de Justicia.
Estando citados todos los integrantes, solo llegaba uno y no había quorum para comenzar, por lo que se retrasaban más de 45 minutos hasta que llegara otro senador. En varios casos se integraron a las mesas asesoras y asesores para ocupar espacios. Además, no hubo transmisiones en vivo. Había varias mesas simultaneas y, en el mejor de los casos, solo se vio una transmisión. Peor aún, si se busca en internet no hay ningún video para hacer un criterio de idoneidad de los designados. Las preguntas que se realizaban eran sólo para cumplir requisitos, los aspirantes no duraron más de 10 minutos compareciendo ante preguntas genéricas y de sus ensayos. Nada más.
Sería bueno que, en una eventual reforma, no se dejara pasar la oportunidad de establecer un mecanismo certero y transparente, para que se cumpla la paridad y lleguen los mejores perfiles.