Reforma Judicial, tercera llamada, tercera
El poder histórico de los presidentes mexicanos ha sido enorme. Antes de Culiacán, el poder de AMLO era todavía mayor. Algo serio debe hacer el jefe del Estado mexicano para retomar las riendas del país. Los contrapesos institucionales desdeñados por el presidente, pueden servir para equilibrar el violento contrapeso del narco para liberar al Chapito. El contrapeso institucional por definición es el Poder Judicial.
La debilidad que lo aqueja, ocasionada en alguna medida por los ataques presidenciales, debe cesar. El presidente equivocó el camino: en lugar de convertir la relación entre los dos poderes de la Unión en prioridad nacional, personalizó el asunto y lo volvió una grilla más. En lugar de diseñar políticas públicas, desacreditó a jueces, magistrados y hasta ministros, sin que se hayan seguido los procedimientos que dicta el orden jurídico y la decencia política. Es probable que los presuntos implicados merecieran sanciones, pero el ejercicio público exige el cumplimiento de formas y procedimientos. No está lógico tenerles consideración a ciertos narcos y ninguna a ciertos administradores de justicia. ¿Será que los primeros son pueblo bueno y los segundos adversarios conservadores?
No obstante, el descrédito de la Suprema Corte, la justicia que debe imperar requiere de un árbitro independiente. Por ello es relevante los trabajos iniciados por el Senado para el diseño de la reforma judicial (Reforma con y para el Poder Judicial).
La reforma judicial (1994) pretendía convertir a la Corte en un tribunal constitucional, ocupada de las cuestiones constitucionales, alejada de las administrativas. No obstante, las fuerzas al interior del Poder Judicial de la Federación dinamitaron la reforma. Se creó un Consejo de Judicatura Federal que pronto desfallecería. Un Presidente de la Corte, Genaro Góngora, antes de encarcelar a la madre de sus hijos y negarse a dar dinero para la diversión de sus pequeños, pues según dijo: “no pueden divertirse porque son autistas”, le pidió públicamente al presidente Zedillo que hiciera suya una iniciativa constitucional preparada por la Corte.
La contrarreforma que impulsó Góngora, ahora escondido en las sombras de su indigencia moral, prácticamente liquidó al Consejo de la Judicatura. Los consejeros de entonces cesamos en nuestras funciones debido a un transitorio constitucional de dudosa constitucionalidad. Como escribió Jorge Carpizo: “hubiera sido más conveniente desaparecer al Consejo”.
La idea era convertir a la Corte en un auténtico tribunal constitucional. Con nuevas facultades en materia de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales se avanzó en la idea, pero la Corte no pudo sustraerse de la morralla judicial y administrativa. Basta revisar sus resoluciones para comprobar que es más un tribunal de casación (última instancia) que un tribunal constitucional. La Suprema Corte no ha dejado de ser un tribunal de pleno derecho, no abdica a sus pretensiones de control administrativo y político al interior y no logra dar el paso definitivo para convertirse en tribunal constitucional pleno.
Existe en el ambiente la preocupación de la politización del Poder Judicial de la Federación. Ahora que preparan reformas habría que revisar si es viable prohibir a los jueces, magistrados y ministro su pertenencia a partidos políticos. Así sucede en varios países (España).
Los conflictos políticos los debe resolver la Cámara de Senadores, pero los conflictos políticos jurídicos son facultad de la Suprema Corte. No habrá 4T si no se configura un auténtico tribunal que atienda exclusivamente las cuestiones constitucionales. La reforma judicial de gran aliento que se prepara puede ser una última llamada para acceder a la justicia que espera, requiere y exigen las mejores causas de la República. Tercera llamada, tercera.