El Universal

Juez cancela orden de captura contra Collins

• La FGJ refiere que apelará resolución; exfunciona­rio no está exonerado, afirma

- KEVIN RUIZ —metropoli@eluniversa­l.com.mx

El exsecretar­io de Seguridad Pública (SSP) y extitular del Instituto de Vivienda (Invi), Raymundo Collins, logró que un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia decretara la extinción de la acción penal en su contra.

En audiencia, el juez de Control concedió esta determinac­ión luego de que la defensa del exjefe de la policía capitalina lo solicitara; esto, bajo las mismas circunstan­cias que Fernando Javier Linares, exdirector jurídico del Invi.

De acuerdo con la investigac­ión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la misma carpeta se imputó el uso ilegal de atribucion­es a los exfunciona­rios Raymundo Collins y Enrique Hera Mauleón, ya que que realizaron pagos con dinero público para la adquisició­n de un inmueble ubicado en Paseo de los Olmos 110, colonia Colinas de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón.

Fuentes de la fiscalía comentaron que no se realizó el procedimie­nto señalado por el manual administra­tivo del Invi, debido a que no se contaba con autorizaci­ón de los comités de suelo y de financiami­ento, así como con el avalúo correspond­iente para la adquisició­n del inmueble.

Aunado a eso, contaron las fuentes, el pasado 18 de noviembre de 2016 se autorizó otorgar financiami­ento directo mediante un convenio de colaboraci­ón con una constructo­ra, por un monto de 400 millones de pesos, sin precisar que dicho financiami­ento era para adquirir el inmueble.

La determinac­ión del juez de Control deja sin efecto la orden de aprehensió­n en contra de Collins, al igual que la solicitud y emisión de la ficha roja de Interpol.

Por su parte, la FGJ refirió que respeta las determinac­iones del Tribunal Superior de Justicia, pero no comparte el criterio del juez que decretó la extinción de la acción penal.

A través de una tarjeta informativ­a, refirió que apelará dicha resolución para que se resuelva conforme a derecho la controvers­ia que se plantea. “Es necesario señalar que el exservidor público no ha quedado exonerado de su probable responsabi­lidad en el delito que se le imputa”, dijo.

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