María Elena Morera
Este 23 de enero partirá de Cuernavaca una caminata por la verdad, la justicia y la paz en la que ciudadanos convocados por Javier Sicilia y Julián LeBarón saldremos nuevamente a las calles para pedir un alto a la violencia y que las víctimas sean escuchadas.
Manifestaciones ciudadanas como ésta suelen ser flanco de críticas, haciendo aún más profunda la división que se ha pretendido establecer entre chairos y fifís, pueblo bueno y pueblo malo, conservadores y liberales. Sin embargo, no se trata de etiquetas. Todos al final queremos lo mismo: vivir seguros, acceder al derecho a la verdad y a la justicia. Podrá haber diferencias en los caminos a seguir para lograrlo, pero la falta de resultados no requiere demasiadas explicaciones.
Según los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), creció 3% el número de víctimas registradas por asesinato; 9% el de las reportadas por secuestro y 31% el de las registradas por extorsión, entre los primeros once meses de 2018 y el mismo periodo de 2019
La gente quiere dejar de tener miedo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbanadel INEGI, la percepción de in seguridad en diciembre de 2019 fue del 72.9% y durante el segundo semestre del año pasado, 35.3 por ciento de los hogares en zonas urbanas reportaron que alguno de sus integrantes fue víctima de robo o extorsión. Los que caminaremos buscamos hacer un llamado de atención a las autoridades de todos los niveles de gobierno y a los poderes legislativo y judicial. Sus acciones no están funcionando. A nivel federal y estatal sigue pendiente una estrategia integral de seguridad, han fallado en el desarrollo y capacitación de las policías y en el combate a la colusión entre autoridades y criminales. Se requiere arrebatarle al crimen organizado el control de muchos municipios. Todas estas o misiones tienen al país en un estado crítico de inseguridad.
Saldremos alas calles exigiendo la reivindicación de las víctimas. Ellas no sólo han tenido que sufrir la violencia, sino que han sido olvidadas por las autoridades y se les ha negado justicia. Algunos ejemplos de ello es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) careció de titular por casi seis meses y se le han quitado recursos en los últimos años; además, cuenta con escaso personal. Por otro lado, la ley la obliga a atender a víctimas de todo tipo de delito, lo cual hace inoperante su actuación y por lo mismo, su apoyo a las víctimas que más lo necesitan como son aquéllas que sufrieron delitos de alto impacto: homicidios, secuestros y violaciones o las víctimas de derechos humanos. Las autoridades no cumplen con su obligación de apoyar a las víctimas y menos con su obligación de hacer justicia. Sucede algo parecido en las procuradurías o fiscalías, donde atienden de la misma forma el robo de un celular que el asesinato de una persona. Simplemente la justicia es imposible.
Saldremos a las calles porque se requiere posicionar en la agenda pública los mecanismos de justicia transicional, mismos que han solicitado víctimas, expertos y activistas y a los que se comprometió el presidente López Obrador. Estos mecanismos podrían generar que se dé reconocimiento y voz a las víctimas, que ellas tengan justicia por los delitos que han sufrido, que se castiguen los crímenes y que estos ya no se repitan.
Por todas estas razones, acudiré como una ciudadana más que está preocupada por la situación de su país, como una víctima de delitos y, también, como una mexicana que cree en el poder de la sociedad civil para hacer la diferencia. •