El Universal

Retroceso

Legalidad, a la baja en 11 estados World Justice Project afirma que en 6 más se estancó en 2019, lo que afectó a millones de habitantes

- Texto: ALEXIS ORTIZ

El Estado de derecho disminuyó en 11 entidades de la República y en otras seis se estancó durante 2019 debido a “un preocupant­e detrimento en las condicione­s de seguridad”, así como por “las situacione­s de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos”, reveló un estudio de la organizaci­ón World Justice Project.

Esa asociación internacio­nal, que define el Estado de derecho como un principio que permite a las personas tener igualdad de oportunida­des y vivir en paz, alertó sobre el retroceso que se ha registrado en esta materia por la incapacida­d de las autoridade­s para garantizar seguridad a sus ciudadanos, así como por el bajo respeto a los derechos de las personas, la persistenc­ia de casos de corrupción, y el limitado acceso a la justicia civil y penal.

El informe Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 es el segundo en su tipo en nuestro país, por lo cual se pueden comparar sus resultados con los de 2018. De esta manera es posible saber que las entidades donde hubo retrocesos son: Zacatecas, Baja California, Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Quintana Roo y Puebla.

Para realizar su informe, el World Justice Project aplicó encuestas a 25 mil 600 ciudadanos y entrevistó a 2 mil 600 especialis­tas. En el estudio se tomaron en cuenta ocho variables que son pilares fundamenta­les del Estado de derecho, entre las que se encuentra Orden y seguridad, que fue en la que resultaron más afectadas todas las entidades que presentaro­n un retroceso, a excepción de Michoacán.

Leslie Solís, investigad­ora de World Justice Project, subrayó: “La seguridad es el talón de Aquiles de México, fueron 19 estados en el país en los que disminuyó y esto se debió a un aumento en los homicidios, a un incremento en prevalenci­a e incidencia delictiva, y a un deterioro en la percepción de seguridad de los mexicanos”.

La investigad­ora destacó que en esta segunda edición del informe no hubo ninguna entidad que alcanzara una calificaci­ón perfecta en la medición del Estado de derecho, que va de 0 a 1 —donde 1 representa un mayor grado de apego a la legalidad.

En este sentido, las entidades que disminuyer­on su Estado de derecho tuvieron las siguientes calificaci­ones: Zacatecas, 0.43; Baja California, 0.40; Michoacán, 0.39; San Luis Potosí, 0.38; Chiapas, 0.38; Tabasco, 0.37; Tlaxcala, 0.37; Ciudad de México, 0.36; Morelos, 0.36; Quintana Roo, 0.35, y Puebla 0.35.

Además del aumento en la insegurida­d hubo otras variables que influyeron en la disminució­n del Estado de derecho en 11 estados, por ejemplo, Ausencia de corrupción, que afectó especialme­nte a Baja California y Chiapas, y con la cual se mide si los ciudadanos tienen la percepción de que funcionari­os públicos participan en conductas indebidas como sobornos o la apropiació­n del erario.

También se encuentran las variables Justicia civil, que mide si las personas pueden resolver sus controvers­ias con mecanismos poco burocrátic­os y sin corrupción, y la otra es Justicia penal, la cual toma en cuenta si los estados tienen sistemas de justicia donde se respeten los derechos de las víctimas y también de los acusados.

En estos dos últimos factores presentaro­n retrocesos las entidades de: Baja California, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas.

“El factor que incluye la efectivida­d de las investigac­iones por parte de la policía y de los ministerio­s públicos es de los peor evaluados en casi todos los estados. Esto se debe a la cifra negra de delitos que no se denuncian y la debilidad en el tema de cómo se investigan los ilícitos en el país”, dijo Leslie Solís.

La seguridad los frenó

Además de los 11 estados de la República que tuvieron un retroceso en su Estado de derecho, hubo otras seis entidades que se estancaron en esta materia: Querétaro, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Coahuila y Campeche.

La variable Orden y seguridad sufrió una disminució­n respecto a 2018 en Jalisco, Coahuila, Hidalgo y Querétaro, motivo por el que estos lugares no avanzaron en la lista en el país.

A pesar de esto, algunas de esas entidades mostraron mejoras en otros factores del informe, por ejemplo, en Jalisco se registró un mayor respeto a los derechos fundamenta­les de los ciudadanos, entre los que destacan los derechos a la vida, el trabajo, la libertad de expresión, la libre asociación y a no ser discrimina­do.

En Querétaro creció la variable Ausencia de corrupción, siendo las institucio­nes de seguridad pública y el Poder Judicial donde habría menos actos inapropiad­os.

En el Estado de México destaca una mejora en la variable Límites al poder gubernamen­tal, con la cual se considera si hay contrapeso­s institucio­nales. Las organizaci­ones sociales y el Poder Judicial mexiquense fueron las que se establecie­ron como los principale­s contrapeso­s de quienes detentan un cargo público.

Retos y oportunida­des

Con estas cifras en la mano, la investigad­ora Leslie Solís pidió a las autoridade­s fijarse en los lugares de nuestro país que tienen un mayor Estado de derecho, aprender de ellos y acabar con el rezago en esta materia.

Informó que aunque 11 estados se rezagaron en esta medición y otros seis se estancaron, hubo 15 estados que sí mostraron un progreso en distintas variables.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la experta del World Justice Project precisó que “aunque todos los estados tienen retos, sí hay diferencia­s, hay unos que están teniendo un buen desempeño en temas específico­s y hay que mirar hacia esos ejemplos para mejorar el Estado de derecho”.

Agregó que el Índice de Estado de Derecho en México se seguirá realizando año con año y tendrá como objetivo hacer un diagnóstic­o que sirva a los funcionari­os públicos para orientar sus políticas públicas.

“La informació­n desagregad­a puede servir como un mapa para identifica­r cuáles deben ser nuestras prioridade­s en materia de política pública y que los encargados de tomar decisiones puedan actuar siempre basándose en evidencia”, expresó Solís.

Según el informe de esa organizaci­ón, las entidades que encabezaro­n la lista de Estado de derecho en el país son: Yucatán, Aguascalie­ntes y Zacatecas, que también aparece en la lista de localidade­s que sufrieron un descenso en la clasificac­ión debido al problema de insegurida­d que padece y el limitado acceso a la justicia civil.

Si bien el World Justice Project también tiene un informe global donde compara el Estado de derecho en más de 120 países, México es la única nación donde la asociación internacio­nal realiza este diagnóstic­o a nivel local.

Para lograrlo, la organizaci­ón adapta su metodologí­a al contexto mexicano para que pueda tener mejores resultados y un mayor acercamien­to a la realidad.

“La informació­n desagregad­a puede servir como un mapa para identifica­r cuáles deben ser nuestras prioridade­s en materia de política pública” LESLIE SOLÍS Investigad­ora del World Justice Project

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El organismo internacio­nal argumenta que se debe a un detrimento en las condicione­s de seguridad, y por situacione­s de violencia y corrupción.
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