El Universal

La importanci­a de las designacio­nes en el INE

- Por MARÍA DEL CARMEN ALANIS Catedrátic­a de la UNAM. Presidenta de “12624 Consultora­s”. @MC_Alanis

En retrospect­iva parece lejano el año 1994, cuando por primera vez el entonces Instituto Federal Electoral ganó autonomía al aprobarse la figura de “Consejeros Ciudadanos”. Estas personas eran propuestas por las fracciones parlamenta­rias en la Cámara de Diputados y se retiró el requisito obligado de la abogacía para poder ocupar el cargo. El nombre se transformó de Consejero Magistrado a “Consejero Ciudadano”.

En 1994 las y los Consejeros Ciudadanos contaron con la mayoría de los votos en el Consejo General, este nuevo esquema aumentó su influencia en el máximo órgano de toma de decisiones y en las direccione­s de la institució­n. Dos años después, en 1996, se llevó a cabo una nueva reforma que buscó profesiona­lizar la función electoral, por ello, se sustituyó el nombre de “Consejero Ciudadano” por el de “Consejero Electoral”, que hoy aún se conserva.

El 3 de abril de este año tres consejeros y una consejera terminan su mandato, por lo que la Junta de Coordinaci­ón Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) debe aprobar la convocator­ia para su sustitució­n. Las personas propuestas tendrán que ser electas por mayoría calificada de dos terceras partes en el Pleno.

En caso de no lograrse un acuerdo, las y los integrante­s del INE podrían llegar a ser designados por insaculaci­ón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto a partir de las quintetas propuestas por el Comité de Evaluación, medida prevista para evitar parálisis, si no se logra la mayoría.

Las fechas de esta importante decisión están próximas y hay parámetros mínimos que se deben tomar en considerac­ión para el proceso de selección, estos son: la transparen­cia, el respeto al principio de paridad, el consenso y muy importante el compromiso democrátic­o que deben tener las y los tomadores de decisiones para mantener la autonomía del ahora Instituto Nacional Electoral (INE).

Respecto de la paridad de género, consiste en la obligación de que al menos dos de los espacios sean para mujeres. Actualment­e ocupan el cargo cuatro mujeres y siete hombres, la reforma de 2019 es clara en señalar que los órganos autónomos deben —por mandato constituci­onal— estar conformado­s por hombres y mujeres en igual proporción o con mínima diferencia en caso de números nones.

Sobre la transparen­cia, es necesario que todo el proceso sea público y apegado a la normativid­ad. La formación del Comité Técnico de Evaluación es una pieza clave, pues serán las y los encargados de evaluar los perfiles de aspirantes y enviar a la Jucopo las propuestas. Este Comité estará integrado por perfiles propuestos por la Jucopo, la CNDH y el Inai, quienes lo conformen tienen la responsabi­lidad de realizar un proceso limpio y por tanto legítimo, que no deje lugar a dudas.

Quienes sean electas como nuevas consejeras y consejeros tendrán la obligación de tomar decisiones de cara al 2021, cuando se elegirán diputacion­es federales y 15 gubernatur­as, además de un importante número de congresos locales, ello, en un escenario de presupuest­o reducido respecto de solicitado.

Actualment­e el Congreso tiene mayoría calificada del partido de Morena, el riesgo está en que se creen cuotas partidaria­s y no se tomen en cuenta las opiniones del resto de los actores políticos, de la sociedad civil y de la comunidad académica, estos últimos realizaron un decálogo con recomendac­iones para garantizar que la designació­n de integrante­s del Consejo General sea transparen­te y equitativa. Importa formar mayorías, pero importa también escuchar las otras voces, por eso se han realizado múltiples reforma selectora les que han fortalecid­o el sistema electoral.

No debemos olvidar por qué hace tres décadas se decidió que fuera una institució­n autónoma y no el Congreso quien calificara las elecciones, todo lo que ganamos al apostar por un esquema democrátic­o, imparcial y autónomo. Olvidar las consecuenc­ias de tener elecciones cuestionad­as y el fantasma de los fraudes electorale­s, representa una amenaza para la democracia que nos ha costado tanto construir.

Tenemos el deber de cuidar y seguir fortalecie­ndo al INE, una institució­n electoral fuerte, en la que la gente confía, como sociedad nos toca estar vigilantes del proceso de selección. A la clase política le toca actuar con responsabi­lidad, proponer los perfiles adecuados, por México.•

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