Raúl Rodríguez
“Al frente del Infonavit, David Penchyna hizo pagos injustificados e inexplicables —por el alto monto— a la empresa Telra”.
Una línea de tiempo ayudaría a entender cómo ocurrió y quiénes podrían ser los presuntos responsables del millonario desvío de recursos del Infonavit de donde se recuperaron los dos mil millones de pesos que la FGR entregó al gobierno y que se usarán –según se informó a principios de esta semana– para pagar los premios de la rifa del valor del avión presidencial:
1. A principios de 2015 y por recomendación desde el más alto nivel, el Infonavit –entonces dirigido por el hoy gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat– , recibió la propuesta de la empresa Telra Realty para la implementación de un programa de Movilidad Hipotecaria (Cambiavit). Con él se atendería la necesidad de los derechohabientes de cambiar de vivienda, aún sin haber terminado de pagar su hipoteca.
2. Con la advertencia de que el Infonavit no contaba con recursos para dicho programa y el acuerdo de que Telra asumiría el riesgo de la inversión por sí sola, el Consejo de Administración del instituto aprobó la implementación de un plan piloto, sin penalización convenida, en caso de que se suspendiera por no cumplir con las metas planteadas.
3. Hasta el 30 de noviembre de 2015, cuando Murat renunció al Infonavit para iniciar campaña por el gobierno de Oaxaca, Cambiavit no había iniciado operaciones ni se habían firmado los contratos respectivos.
4. Para sustituir a Murat fue nombrado David Penchyna el 28 de febrero de 2016. Su equipo le vio viabilidad al programa de Movilidad Hipotecaria y lo retomó para echarlo a andar, pero con otra empresa vinculada –según las fuentes consultadas– a los intereses del nuevo director general. Eso dio lugar a que Telra demandara a Penchyna y al Infonavit por diez mil millones de pesos por plagio de la patente del sistema.
5. Presumiblemente fue para detener ese litigio que el Infonavit pagó el 30 de agosto de 2017 (veintiún meses después de que Murat dejó la dirección del instituto) una supuesta indemnización de cinco mil 88 millones de pesos por cancelación de contrato. Y decimos supuesta, porque el referido contrato no incluía una penalización establecida ni había orden judicial que así la mandatara.
6. El pago, injustificado, como queda claro, también es inexplicable por su monto. El programa de Movilidad Hipotecaria planteaba realizar en un plazo de cinco años unas 100 mil operaciones. Si el valor promedio de las viviendas del Infonavit es de 300 mil pesos, hablamos de un total de 30 mil millones de pesos. Y si la comisión para Telra estaba pactada en diez por ciento, la ganancia para esa empresa sería de 3 mil millones de pesos menos gastos de implementación, operación y promoción; por lo que su utilidad no hubiera sido ni de la mitad de los 5 mil 88 millones que Penchyna y su Consejo de Administración aprobaron y pagaron.
7. Con la intervención en el asunto de la UIF, de Santiago Nieto, y de la FGR, de Alejandro Gertz, se congelaron cuentas de Penchyna y de los socios mayoritarios de
Telra, los hermanos André y Max El-Mann Arazi y Rafael y Teófilo Zaga Tawil. Éstos últimos, para evitar que el litigio escalara y afectara a sus otras empresas, accedieron devolver el dinero recibido. Son los dos mil millones de pesos entregados por Gertz al gobierno para los premios de la rifa.
8. La pregunta es: ¿A dónde fueron a parar los 3 mil 88 millones de pesos restantes? La UIF ya le sigue la pista a ese dinero y tiene en la mira a Penchyna quien, asegura, hizo fuertes movimientos en dólares al término del gobierno de Peña Nieto. Instantánea:
1. CRUZ AZUL. Esta semana, los autodenominados disidentes de la Cruz Azul, encabezados por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, aseguraron en rueda de prensa que traen el apoyo del círculo cercano de AMLO para tomar el control de la cooperativa que dirige Guillermo Álvarez. ¿Será cierto que la 4T está metiendo mano en temas internos de la organización? Quienes así lo señalan están obligados a decir los nombres de esos funcionarios que incumplen así la promesa presidencial de acabar con el influyentismo. La afirmación de Marín y Velázquez es temeraria porque, de ser cierta, estarían obligados a decir ¿cuál sería el pago en retribución a tal favor? Ellos dicen representar a 80% de los cooperativistas, pero el día del referido anuncio solo estaban acompañados por diez de los más de 760 hoy activos.