Buscan diputadas que hombres violentos no ocupen cargos públicos
Diputadas de Morena, PAN, PRI, PRD y MC acordaron que en el próximo periodo ordinario de sesiones —que inicia el 1 de septiembre— presentarán una iniciativa de ley para que personas que sean deudores de pensión alimenticia, agresores por razón de género o hayan cometido acoso, no puedan ocupar cargos públicos ni ser funcionarios.
En un conversatorio virtual, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Lorena Villavicencio (Morena), Ana Lilia Herrera (PRI), Verónica Juárez (PRD) y Martha Tagle (MC) respaldaron su apoyo a la #3de3vsViolencia.
Rojas aseguró: “Estamos a tiempo de trabajar en las tres semanas de receso para hacer el compromiso de presentar la iniciativa en la primera sesión del próximo periodo ordinario; se trata de una propuesta que favorece a las mujeres y por una sociedad más igualitaria”.
La dirigente de San Lázaro comentó que la iniciativa, promovida por la organización Las Constituyentes Feministas, contribuiría a la vida democrática, porque uno de los grandes problemas actuales es la poca credibilidad en las y los servidores públicos; garantizar que lleguen sólo las mejores personas haría que las y los ciudadanos tengan confianza, dijo.
“La ciudadanía, por ejemplo, no cree en jueces ni en ministerios públicos, por lo que asegurar que haya perspectiva de género en el servicio público beneficiaría y mejoraría la confianza en las instituciones”, expresó.
La morenista Lorena Villavicencio Ayala, coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, afirmó que irán por la iniciativa 3de3vsViolencia, primero con el INE y segundo en la ley, ya que no se puede permitir que quienes tienen una función pública, un cargo de representación popular o tienen en sus manos garantizar el acceso a la justicia, sean acosadores, hostigadores, agresores o deudores alimenticios.
Afirmó que esta iniciativa no busca perseguir a los hombres, sino hacer realidad lo establecido en el artículo 1 constitucional, que es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. “Estaríamos dándole la posibilidad a las mujeres y los ciudadanos de tener mejores funcionarios públicos, jueces y representantes populares”.
Asimismo, la coordinadora perredista, Verónica Beatriz Juárez Piña, estimó que esta iniciativa es de gran relevancia, así como las reformas aprobadas en materia de paridad y tipificación de la violencia política, por lo que consideró fundamental llevarla a cabo de nivel federal y hacer las modificaciones constitucionales correspondientes a la brevedad.
Planteó realizar una ruta crítica y crear las sinergias necesarias para procesarla con la mayor rapidez en esta Legislatura. “Debemos blindar esta reforma de tal manera que no haya forma para quienes ejercen el poder por designación o quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular, lo puedan hacer si es que tienen antecedentes de violencia, por razón de género, deudores alimentarios o como acosadores”.