DEFENSORAS DE MUJERES INDÍGENAS EN NUEVO LEÓN
En una comunidad originaria sube el riesgo de sufrir violencia por las costumbres que se tienen; gobierno, rebasado para atender situación, dicen
Monterrey.— En Nuevo León, un estado que destaca en encuestas de la Conapred y el Inegi por discriminar a los foráneos, a la comunidad LGBTTI+ y a la población indígena, además de liderar las estadísticas de feminicidios, trabaja desde 2008 Zihuakali, un centro de atención integral a víctimas de violencia, doblemente discriminadas y violentadas por ser mujeres y por ser indígenas.
La población indígena de la región fue prácticamente eliminada durante la época colonial y el siglo XIX; sin embargo, en las últimas décadas ha tenido lugar una migración desde comunidades del centro y sur del país hacia esta zona metropolitana, en su mayoría llegan huyendo de la pobreza o de la violencia del narcotráfico.
Hoy, unas 500 mil personas se asumen indígenas en una población que rebasa los 5.2 millones de habitantes.
Zaida Itzel Hernández Maya, mujer náhuatl nacida en Monterrey en segunda generación, atiende el área sicológica de Zihuakali; Isabel Muñiz Loera, afromexicana, está al frente del área administrativa, y Luisa Fernanda Guzmán Chávarri, quien se encarga del equipo jurídico del centro de atención integral.
Señalan la importancia del trabajo de Zihuakali ante los problemas que enfrentan las mujeres indígenas migrantes.
Su labor inició con 25 integrantes de comunidades, como la náhuatl, mixteca y otomí, entre otras, para abordar problemáticas sobre salud sexual y reproductiva, derechos humanos y por una vida libre de violencia.
¿Cómo se da el fenómeno de la violencia hacia las mujeres en Nuevo León?
—Luisa: La violencia hacia las mujeres se da en todos los estratos sociales. El delito no discrimina, la población de Nuevo León sí. Son delitos que generan en las mujeres un sentimiento de abandono, esa sensación de no querer denunciar. Si lo dejamos crecer, puede devenir en feminicidio.
Esa violencia inicia con pequeños gestos, por una lucha de poder que refleja la educación machista y se genera porque los hombres generalmente tienen el poder, el control. Con el empoderamiento femenino surge esta lucha que no debería existir.
En la comunidad indígena se da mucho esa superioridad machista. Aquí las mujeres estamos en riesgo por el sólo hecho de vivir en un estado con graves índices de violencia.
Pertenecer a una comunidad indígena aumenta el riesgo, las costumbres limitan a la mujer para actuar y defenderse.
Se suman eslabones de vulnerabilidad porque se es mujer, indígena, no se tiene estudios, no se habla español o se tiene una dependencia económica directa de su agresor.
¿Cómo abordan las autoridades locales el problema?
—Luisa: Están en el tema, atacan los delitos, pero falta prevención. No se dan abasto, en Juárez hay un caso desde mayo y no hay, no digamos resultados, ni siquiera acciones, están rebasados por los altos índices de violencia.
Hay carpetas [de investigación] en el abandono, muchas veces porque las personas no tienen abogados particulares que estén atrás de los fiscales.
Necesitan quizás [más] personal o cambiar esquemas para dar respuesta y sensibilizarse desde la denuncia.
En ocasiones llegan mujeres que dicen: “Sí denuncié”, pero buscamos y no hay denuncia. Una mujer vino para que le ayudáramos, no le tomaron la denuncia porque no tenía correo electrónico, ella ni siquiera comprendió que lo requería, tenía meses creyendo que las autoridades estaban actuando.
¿Aumentaron los casos de violencia por la pandemia?
—Isabel: Situaciones de violencia contra mujeres, se han atendido 150 casos.
—Luisa: La mayoría son de violencia de género, económica, sexual. Hay tres tentativas de feminicidio y un feminicidio consumado. Muchas mujeres no denuncian... aceptan situaciones que no deberían.
Como mujeres debemos impulsar una sociedad más amorosa. Debemos hablar con un lenguaje entendible a nuestros hijos, con base en la tolerancia, respeto, convivencia”