Raúl Rodríguez Cortés
Un manto de secretismo se ha tendido sobre el accidente del avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), ocurrido la mañana del domingo pasado con saldo de seis militares muertos. Muy escueta ha sido la información proporcionada al respecto por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuya Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos (¿desde cuándo existe?) y la Contraloría General del Ejército y la Fuerza Aérea, atrajeron peritajes y pesquisas, sin que la autoridad civil competente, la Agencia Federal de Aviación Civil —hasta octubre de 2019 la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)— haya dicho “esta boca es mía”.
El Lear Jet 45 matrícula 3912 de la FAM había despegado de la Ciudad de México la mañana del domingo. Para reabastecerse aterrizó sin novedad en el aeropuerto nacional “El Lencero”, ubicado en el municipio Emiliano Zapata de Veracruz. A las 9:45 horas tomó pista para dirigirse a Villahermosa, Tabasco, su destino final, pero se la “comió” sin poder alzar el vuelo y se estrelló en unos pastizales, según testigos.
La aeronave accidentada, construida por la canadiense Bombardier Aerospace, era del mismo modelo de la que hace doce años, cumplidos el pasado 4 de noviembre, cayó en la lateral de Paseo de la Reforma y Ferrocarril de Cuernavaca, en la Ciudad de México; accidente en el que murieron el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el exfiscal antidrogas de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos y seis personas más.
Sobre aquella catástrofe aérea hubo explicaciones contradictorias. Diez años después, al cerrar la investigación el 7 de julio de 2018, la PGR concluyó que fue una “falla técnica” la causante del accidente.
Esta columna, publicada en EL GRÁFICO el 19 de diciembre de 2008, con el título “Corrupción detrás
Este ha sido el primer accidente aéreo fatal de una aeronave de la FAM en el actual gobierno.
de la muerte de Mouriño” ya le adelantaba que, en el último mantenimiento recibido por la aeronave, se cambió una pieza hechiza del estabilizador horizontal del aparato (alerones), que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) había emitido advertencias en agosto y septiembre de 2003 (Docket No. 2003-NM-141-AD, Amendment 39-13262 y AD 2003-16-09) precisamente sobre las fallas de esa pieza en por lo menos 222 naves Lear Jet 45.
Aún con los antecedentes referidos, la Sedena adquirió en 2016, también de segunda mano, el Lear Jet 45 que se accidentó el domingo en Veracruz. 2007 fue el año de su fabricación, acaso con la corrección de las fallas advertidas por la FAA desde 2003. Anteriormente fue operada por empresas privadas con la matrícula estadounidense N390GG. Una vez adquirida por la Defensa, fue asignada a la entonces Unidad Especial de Transportes Aéreos del Alto Mando (UETAAM) ahora Unidad Especial de Transporte Aéreo (UETA).
Por estar destinada formalmente al transporte del Alto Mando, el domingo se especulaba sobre quiénes de ese nivel habrían muerto. El lunes pasado, en la conferencia mañanera, AMLO dio el pésame a las familias de los dos pilotos aviadores (un capitán y un teniente), tres médicos militares (un mayor y dos oficiales de sanidad) y un teniente de infantería.
Este ha sido el primer accidente aéreo fatal de una aeronave de la FAM en el actual gobierno. En el anterior —según datos de la Sedena— fueron 61 con saldo de 43 muertos (30 militares y 13 civiles) y 80 lesionados.
Para disipar dudas de corrupción como las evidenciadas con el avión de Mouriño y acercarnos a la verdad sobre las causas del accidente del domingo pasado, la Defensa Nacional debería transparentar los procedimientos de licitación y adquisición del aparato, retirar el manto de secretismo que ha tendido y cortar del tajo cualquier tipo de especulación. •