Salvador García Soto
Tras más de un año de investigaciones y con un expediente que consta de 157 fojas por ambas caras, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados que inicie un juicio de procedencia para eliminarle el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien acusan de los delitos graves de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La petición de desafuero busca que la FGR, a través de la SEIDO, pueda proceder penalmente en contra del mandatario de extracción panista, a quien señalan como “responsable de crear un esquema de operación financiera en la que involucró recursos públicos mediante empresas fachada que le redituaron ingresos que pueden catalogarse como ilícitos, además de obtener recursos de una fuente no identificada y declarar ambos recursos ante las autoridades fiscales”.
La petición de desafuero se presenta a un mes del arranque de las campañas electorales para los comicios del 6 de junio que tendrán lugar tanto a nivel federal como local en Tamaulipas para elegir ayuntamientos y Congreso local.
La carpeta de investigación que le abrió desde hace un año la SEIDO a Cabeza de Vaca se originó por diversas denuncias que fueron presentadas ante la
Fiscalía General de la República y en sus 157 fojas se revisan no sólo las finanzas, operaciones, declaraciones y cuentas del actual gobernador panista de Tamaulipas, sino también de familiares cercanos suyos.
La SEIDO y su unidad de lavado de dinero presumen que el origen de los recursos que eran movidos por Cabeza de Vaca en distintas transacciones financieras, pagos a empresas familiares y depósitos a cuentas que fueron revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Santiago Nieto, proviene de dos fuentes: una el presupuesto público del estado y otra de “fuentes no identificadas”, de ahí se derivan las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las de delincuencia organizada tiene que ver con la participación de varias personas en el esquema de lavado, simulación y defraudación para mover esos recursos en el sistema financiero y en transferencias a empresas y compra de bienes inmuebles. En cuanto a la acusación de defraudación fiscal equiparada, se basa en que los recursos eran declarados al SAT por parte de Francisco García Cabeza de Vaca en sus declaraciones fiscales.
Anoche reaccionó el gobernador Cabeza de Vaca descalificando la solicitud de procedencia y atribuyéndole todo a una filtración política: “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra; de nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito, se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley, me defenderé ante cualquier atropello”, comentó anoche en un mensaje de Twitter el gobernador tamaulipeco. Y así, una guerra política entre la 4T y el gobernador de Tamaulipas, que hasta ahora había sido mediática y de golpes bajos, llegaría al terreno judicial con acusaciones graves para un mandatario en funciones. El hecho sienta un precedente en la época reciente donde al único gobernador que acusaron antes de terminar su sexenio fue a Javier Duarte, pero le quedaban apenas 48 días para terminar su gobierno, por lo que huyó en un helicóptero oficial con rumbo a Guatemala donde meses después fue capturado. A Cabeza de Vaca lo estarían acusando casi 18 meses antes de que termine su periodo, ya se verá sin con pruebas sólidas que, previa sentencia de los jueces, podrían llevarlo a prisión. •
La guerra política entre la 4T y el gobernador llegaría al terreno judicial