José Carreño Carlón
Mayoría no equivale a dictadura. Ayer que el presidente ejercitó uno de sus desplantes retóricos favoritos y ajenos a la realidad, con su anuncio de ‘Acuerdo Nacional por la Democracia’, alcanzó un punto culminante la acumulación de indicios de gestación de un régimen que en cualquier parte se identificaría como dictadura (y vienen otros). La aprobación, ayer mismo, de la inconstitucional contrarreforma de la industria eléctrica, por una aplastante mayoría fiel al Ejecutivo en la Cámara de Diputados, subraya la interesada ignorancia y la deformación antidemocrática de un presidente y su séquito que suponen que contar con mayorías en las urnas y en los cuerpos parlamentarios le otorga a quien las ostenta poderes excepcionales, extraordinarios, por encima de la Constitución. Solamente en un medio tan atrasado políticamente y con tan arraigados impulsos autoritarios resulta necesario aclarar que ganar una elección presidencial, aun con mayoría legislativa, no equivale a ser investido con poderes dictatoriales. Y que jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes incluye el juramento de cumplirlas también a la hora de cambiarlas.
El hecho podría estar marcando un punto de no retorno en el colapso de los empeños seculares de México por hacer realidad una república con auténtica separación de poderes. Porque a la ostentación del sometimiento impuesto al Legislativo, al que el presidente le ordenó en público la aprobación, sin tocarle una coma, de su iniciativa sobre energía eléctrica, el Poder Judicial le rindió su propia cuota de autoagravio con su fallo de la semana pasada para autorizar otra violación constitucional: la que autoriza al presidente a seguir interviniendo en las campañas electorales de este año, con descalificaciones y llamados a no votar por la oposición.
Por si fuera poco, ayer se registró en los medios una suerte de consenso entre analistas en el sentido de que, para las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los amparos que previsiblemente llegarán a la Suprema Corte para dirimir las violaciones a la Constitución contenidas en la iniciativa aprobada, ya se aprestan a avalar la constitucionalidad de esta ley anticonstitucional los ministros bajo control de Palacio. Son los mismos que le aprobaron al presidente el aberrante referéndum para que ‘el pueblo decida’ si se investigan y persiguen probables o improbables delitos de servidores públicos del pasado.
Guerra a la fiscalización. Además, parecería por caer otro baluarte de la división de poderes. Su desplome liberaría al Ejecutivo de la obligación de rendir cuentas ante la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Su informe de resultados del primer año del gobierno puso de relieve irregularidades por cientos de miles de millones de pesos, además de que puso en entredicho los ‘otros datos’ de AMLO sobre los costos reales de la cancelación del NAIM. Pero el presidente volvió a reivindicar sus otros, desconocidos datos, con su declaración de guerra a la fiscalización del Legislativo.
No rendición de cuentas. Lejos de la obligada rendición de cuentas y, en todo caso, de la aportación de pruebas para aclarar los cargos del informe, el presidente (sujeto obligado) le exigió cuentas y aclaraciones al auditor (ente fiscalizador), quien, intimidado por el supremo y los medios y las redes palaciegas que ordenan su caída, concedió algunos puntos a las exigencias presidenciales. Lo hizo en entrevistas de prensa que no atenúan la gravedad de los problemas de la gestión de AMLO, hecha pública por la ASF. Y en el trance volvieron los rasgos amenazantes del poder que envía iniciativas intocables y se proclama intocable a la exigencia constitucional de rendir cuentas.
Profesor de Derecho a la Información. UNAM
Se podría estar entrando en un punto de no retorno en el colapso de los empeños seculares por hacer realidad una república con auténtica separación de poderes