La UIF, el Cártel Inmobiliario… y un divorcio
El reporte que le comparto hoy podría iniciar con el cliché: “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra del exjefe de Gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, actual senador, así como de un grupo de cercanos colaboradores, presuntos cómplices en una enorme maquinación de lavado de dinero con la compraventa de inmuebles”.
El hecho es cierto. La denuncia está sobre el escritorio del fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Las indagatorias tienen una segunda vertiente, en los pasillos judiciales de la capital del país, e incluye a exlegisladores locales y a funcionarios de segundo nivel, sobre los cuales la autoridad cree contar con evidencias de que traficaron con bienes raíces, expedientes del Registro Público de la Propiedad en la ciudad y malversaron fondos destinados oficialmente a trabajos de reconstrucción por el terremoto de septiembre del 2019.
En esta condición se halla Mauricio Toledo, actual diputado federal y cacique político en la alcaldía de Coyoacán, cuyo desafuero ha sido solicitado para que enfrente cargos diversos; entre otros, desvíos en el presupuesto de la citada reconstrucción. Las denuncias recabadas implican en este último a dos exlíderes partidistas en el Congreso local, el panista Jorge Romero y el perredista Leonel Luna.
Hubo una aportación singular para construir esta historia de un grupo de camaradas, presuntamente encabezados por Mancera, sospechosos de emprender negocios turbios con inmuebles desde los ya lejanos años 2003-2004. Y que ampliaron sus operaciones cuando controlaron el gobierno de la ciudad, entre 2012 y 2018.
La referida aportación está encerrada en un lío conyugal: el proceso de divorcio de la señora María Auxilio Islas Torres y su otrora esposo, Uriel Oliva Sánchez, que en los expedientes ministeriales aparece como un personaje de fortuna personal alucinante y caprichos millonarios.
Según las sospechas de la UIF y la FGR, compartidas a este espacio, Oliva Sánchez se desempeñó como notario personal de Mancera y su grupo de allegados, así como su prestanombres en múltiples operaciones.
La señora Islas Torres solicitó el divorcio desde mayo de 2019, pero en octubre pasado aportó a la FGR una declaración de 17 páginas —una copia se halla en poder de esta columna—, las cuales desbordan nombres de hombres públicos, números de cuentas bancarias, una enorme lista de residencias y departamentos propiedad de los mismos personajes, así como empresas constructoras que, nadie debe extrañarse, resultaron ampliamente beneficiadas durante la administración Mancera. Una alianza que eventualmente fue conocida como el “Cártel Inmobiliario” capitalino.
Además de Mancera y de Uriel Oliva, la declaración menciona en forma profusa a Simón Newmann Landezon, Edgar González y Fausto Galván, altos funcionarios durante la administración mancerista. Pero es prolija también al citar constructoras como Baita, entre otras. El tema obliga a retomarlo pronto.
Desde diversos espacios de opinión se coincidirá en elevar esta semana un reclamo por la frecuente estigmatización del presidente López Obrador sobre columnistas e intelectuales. Ello es pertinente, pues la postura presidencial puede suponer una incitación a la violencia, de cualquier tipo. Pero al multiplicarse la misma escena en las mañaneras de Palacio, hay que concluir que el Presidente usa a la prensa cuando se queda sin rivales a la vista. Y quizá la siga haciendo mientras concite apasionamientos. Se va construyendo así una relación codependiente. Acaso con el tiempo concluyamos que este debate no corresponde al campo de la política, sino al diván de la sicología social.
La declaración desborda nombres de hombres públicos, números de cuentas y una enorme lista de residencias