La 4T apuesta por el fin del PAN y de los ‘neoliberales’
Para los diputados federales, época de pandemia o no, trabajar en sábado es algo inusual. Excepcionalmente acontece cuando tienen que votar el presupuesto federal y se les agota el tiempo. Por ello, mucho sorprendió que el sábado pasado, a las 6 pm, hubieran citado a la Comisión de la Sección Instructora para iniciar el procedimiento para desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Es evidente que a los diputados morenistas y a la Fiscalía General de la República (FGR) les urge dejarlo sin fuero y, luego de ello, poder procesarlo por las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada que le han hecho.
¿Por qué este caso es tan importante para la 4T? En primera instancia, porque hay elecciones el próximo 6 de junio y para el gobierno federal “presumir” los excesos, negocios y presuntos actos ilícitos de un gobernador panista es algo que esperan que les ayude en las urnas, al recordar a los votantes lo “corruptos” que son los de la oposición y, en particular, el PAN.
Pero también, al parecer, el caso del gobernador contiene tantas evidencias y vínculos con innumerables panistas que el golpe sería uno ‘seco’ para el PAN. Tan duro prevén que será el leñazo al panismo, que la apuesta es que no se levante para estas elecciones, ni para 2024.
El Presidente, dada su ideología, no tiene problema con ser sucedido por cualquier otro político de centro-izquierda: desde Morena, PT, pasando por el PES, MC o incluso el PRI, pero no podría tolerar ser relevado por alguien de derecha. Con lo que el caso de Cabeza de Vaca será más que el desafuero de un gobernador. Pretenden que sea el aniquilamiento de toda una fuerza política y la erradicación de esa ideología del espectro político nacional. Una limpia, pues.
Para tener éxito, además de presentar un caso lleno de excesos y mediatizable, la 4T apuesta a que puede lograr —después del desafuero en Diputados— una orden de aprehensión.
En cambio, la estrategia del gobernador panista parece que será empantanar el tema legal en el Congreso de su estado, pues la Constitución, en su artículo 111, señala que “…la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
Hay pocos precedentes sobre cómo procesar a gobernadores acusados de delitos federales. Está el de Quintana Roo, cuando lo gobernaba Mario Villanueva y la PGR lo acusó de narcotráfico en 1999. El desafuero nunca llegó cuando era gobernador, pues tres días antes de vencer su periodo se dio a la fuga, siendo capturado años después.
Así que el debate jurídico será si el Congreso local de Tamaulipas tiene injerencia en el tema o si, por el contrario, es sólo la Cámara de Diputados la que hace la declaración de procedencia y desafuera al gobernador. Serán los jueces federales quienes definan sobre este inaplicado artículo constitucional.
Pero si los jueces, luego del juicio de procedencia en Diputados, aceptan el criterio de que se requiere el aval del Congreso local para concretar el desafuero, la 4T tiene otra posibilidad: aplicar el artículo 76 de la Constitución y, desde el Senado, desaparecer los poderes de Tamaulipas y nombrar a un gobernador provisional, lo que se podría justificar si hay evidencias de que el crimen organizado ha comprometido a las instituciones locales.
Y en este sentido, además de la información de la UIF y de la FGR, se comenta que habría datos relevantes tanto del gobierno de EU, como acusaciones del de Guatemala.
El calendario tentativo de la Cámara de Diputados establece que se erigirán en jurado para el desafuero, el 28 de mayo. Apenas ocho días antes de las elecciones. Cuando eso suceda, mucho estará en juego para la 4T, pero todo estará en juego para el PAN. •
El caso del gobernador contiene tantas evidencias y vínculos con innumerables panistas que el golpe sería uno ‘seco’ para el PAN