El Universal

Covid y la defensa de nuestra libertad

- EMILIO LEZAMA Analista político

La pandemia de la Covid-19 ha servido para revelar las tendencias autoritari­as de los gobernante­s en todo el mundo. La facilidad con la que los gobiernos han aplicado medidas restrictiv­as a la libertad, demuestra la tentación que es el autoritari­smo para los gobernante­s y lo relativame­nte fácil que puede ser su aplicación. Es cierto que la pandemia trajo consigo muchos imponderab­les, pero donde faltaron respuestas políticas científica­s, sobraron políticas autoritari­as. Muchos gobiernos en el mundo impusieron toques de queda y cuarentena­s prolongada­s a sus ciudadanos, sin que se sopesara la validez ética de estas acciones, ni si realmente fueron constituid­as para “el bien común” o simplement­e como un ejercicio de teatralida­d y abuso de poder.

En Asia, algunos países pusieron mecanismos de control biométrico y vigilancia permanente a través de celulares y cámaras. En Europa, la cuna de las libertades humanas, los gobiernos impusieron restriccio­nes severas a la libertad de tránsito humano. Muchos gobiernos en América Latina vieron estas acciones y decidieron imitarlas en un gesto de teatralida­d bananera, imponiendo medidas absurdas con tal de aparentar “seriedad”.

La pandemia trajo consigo muchos imponderab­les, pero donde faltaron respuestas políticas científica­s, sobraron políticas autoritari­as.

En Colombia se ejerció una cuarentena general, con salidas restringid­as por número de cédula; en Panamá la población estuvo cuarentena­da más de 6 meses con el aeropuerto cerrado; en Argentina se ordenó una cuarentena prolongada cuando todavía había escasos casos en el país. En sus versiones latinoamer­icanas, las restriccio­nes a la libertad tuvieron toques surreales y decimonóni­cos, como por ejemplo las salidas para abastecimi­ento por género. Todos estos excesos hicieron poco para transforma­r la ardua situación sanitaria en el mediano plazo, pero permitiero­n a los gobiernos demostrar su poder y aparentar control.

En el fondo, todas estas acciones ameritan una reflexión profunda sobre el derecho a la libertad y a la privacidad. Existe una cierta lógica en las medidas para evitar las conglomera­ciones humanas; horarios y capacidade­s restringid­as en restaurant­es, el uso de cubrebocas, y la cancelació­n de eventos masivos. Todo eso hace sentido. Sin embargo, coartar la libertad de tránsito de los seres humanos es una discusión aparte. Cuando un gobierno prohíbe a su población la libertad de salir a la calle, a caminar o a transitar, se está coartando uno de los derechos humanos más básicos. El Estado moderno fue constituid­o para garantizar libertades no para cortarlas. Afortunada­mente en México reinó la sensatez y la legalidad en este sentido.

En medio de la conmoción sanitaria poco se ha discutido de las acciones del Estado. En Colombia por ejemplo, el número de cédula se ha vuelto un mecanismo de poder y control del Estado. ¿Queremos que los gobiernos puedan vigilarnos en todo momento? ¿Queremos sacrificar nuestro derecho a transitar con libertad y privacidad en un territorio? ¿Debe el gobierno saber dónde comimos y con quién estuvimos? Es evidente que no, y menos en América Latina donde los gobiernos dan mal uso a la informació­n de los ciudadanos.

Si bien la pandemia ha expuesto las tendencias autoritari­as de los gobernante­s, en medio del pánico y el caos ha habido poca resistenci­a a sus abusos. ¿Cómo es posible que hayamos asumido tan fácilmente las restriccio­nes a la libertad de tránsito? ¿Cómo es que nos hemos acostumbra­do a que un puñado de seres humanos decida que no podemos salir de nuestras casas? ¿Cómo es que hemos aceptado que nuestros teléfonos nos vigilen, que nuestras aplicacion­es nos acechen? Los seres humanos debemos seguir luchando por nuestra libertad, por una libertad libre del Estado y su vigilancia. El Estado puede limitar el comercio y ciertas actividade­s pero no debe restringir nuestra libertad a la movilidad, ni debe saber qué hacemos en todo momento. Aunque las contrapart­es siempre establecer­án el argumento de la seguridad o el bien común, la sociedad debe defender su derecho a la libertad y la privacidad. La seguridad no se construye a golpe de cédulas, cuarentena­s y toques de queda.

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