Consulta “histórica” y pacto de impunidad
Todos sabíamos que en la consulta ganaría abrumadoramente el SÍ. No era necesario preguntarlo, o si se quería confirmar algo tan obvio pudo hacerse una encuesta amplia y representativa. Normalmente se pone a decisión de la gente temas en donde hay posiciones encontradas. En este caso, paradójicamente, el único que se manifestó públicamente en contra fue el mismo que promovió la consulta. Este despropósito sólo puede explicarse con cierta congruencia de una forma: se trata de propaganda política a favor del gobierno. Lo que no sabíamos es qué porcentaje del electorado se presentaría a las urnas. Pero también intuíamos que no se llegaría al 40 % requerido para ser vinculantes. Podemos suponer que en una consulta donde algo realmente importante se ponga a la decisión del ciudadano habrá seguramente ese porcentaje y más. ¿Por qué aquí no? Por que la mayoría de la gente no vio la relevancia del ejercicio (del fondo, no de la forma, que es de celebrar).
Y porque la consulta tuvo un claro sesgo político (juicio al neoliberalismo y reivindicación del actual gobierno, en términos generales). Algo prohibido por la ley. De modo que los morenistas quisieron ayudar a su gobierno en ese propósito, y los críticos y disidentes, justo lo contrario.
¿Qué sigue? Que cada grupo o segmento interpretará la consulta según le convenga. AMLO y los suyos responsabilizarán de la insuficiente participación al INE y a los medios conservadores que manipulan a la ignorante clase media (así lo han venido diciendo). Pero también se utilizará el contundente y previsible SÍ como prueba del rechazo popular a los gobiernos neoliberales, sin tomar en cuenta que muchos de los participantes probablemente tuvieran en mente también al actual gobierno u otros actores obradoristas en estos años o en tiempos remotos (las “aportaciones” de los hermanos López Obrador ocurrieron en 2015, y la línea del Metro, en 2012). Podíamos también suponer que pese al resultado el gobierno anunciaría como sea una “comisión de la verdad” para indagar la corrupción del neoliberalismo. Desde el jueves pasado Morena anunció que buscará dicha comisión al margen de si fuese vinculante o no la consulta, con lo cual paradójicamente terminó por darle la razón a quienes sostenían que no era necesaria para iniciar las indagaciones.
La pregunta siguiente es ¿quién nombrará dicha comisión? ¿El gobierno, el partido oficial? ¿Habrá puros integrantes que comulguen con el gobierno o será plural? Lo primero, probablemente. ¿Se traducirá en acciones legales? Difícilmente. El más susceptible de ser llamado a cuentas es Peña Nieto, pero como hay un pacto de impunidad con él (que públicamente ofreció AMLO desde 2016), y quizá Peña tiene también municiones políticas, todo quedará probablemente en mera retórica.
Así pues, la consulta tuvo los siguientes objetivos: 1. Instrumento de golpeo a la oposición. 2. Centrarse en el pasado corrupto para no ver el presente desbalagado. 3.
Acusar al INE para intentar su sujeción al Ejecutivo, o al menos quitar a los consejeros (o a algunos). 4. La consulta se utilizará también seguramente como un sustituto propagandístico de la aplicación estricta de la ley. De ser así (y ojalá me equivoque), los votantes habrán involuntariamente contribuido a conseguir exactamente lo contrario de lo que expresaron en las urnas. Habrán sido nuevamente engañados por su líder. Habrá ganado de nuevo AMLO, pero no el país.