¿Una consulta sin ciudadanos?

Desde hace tiempo la democracia representativa muestra insuficiencias graves, sobre todo por la distancia y desconexión entre representantes y representados. En los últimos años el malestar democrático ha generado una crisis, no de ruptura tipo golpe de Estado, sino como una enfermedad interna que polariza, destruye valores y procedimientos, como sucedió con Trump y Bolsonaro. Los movimientos sociales, que en los últimos tiempos han tomado la calle en América Latina, han expresado las fallas de la democracia representativa, como sucedió en Chile.

Los mecanismos de la democracia directa, los plebiscitos y las consultas, son complementarios de la representación. Por primera vez se llevó a cabo una consulta con todas las de la ley (legal y legítima), pero el proceso estuvo muy accidentado. Es positivo que haya mecanismos directos de participación, pero es una lástima que el instrumento haya estado tan mal diseñado. La pregunta original para juzgar a los expresidentes, (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña), fue modificada por la SCJN y quedó como un trabalenguas cantinflesco. Fue una pregunta plagada de ambigüedades, inentendible en los niveles de responsabilidad, los tiempos y las consecuencias. Era un instrumento sin posibilidad de pasar a las acciones, por esa razón la 4T y el morenismo manejaron la consulta con el sentido de la pregunta original, como un juicio a los expresidentes, pero no convencieron a la sociedad.

Esta primera consulta fue anticlimática y el resultado fue una enorme abstención. Lo peor que podría pasar ahora sería profundizar el clima de impunidad

Para ser vinculante se necesitaba el voto del 40% de la lista nominal. Participó un poco más del 7%; y el resultado fue un 97% por el Sí y un 1.5% por el No. Además de una pregunta inservible, fue una consulta sin ciudadanos.

¿Cómo se hubiera canalizado un resultado vinculante con esta consulta? Una de las críticas más importantes que se hicieron para desanimar a la participación ciudadana fue que “la ley no se consulta”. En el caso de un resultado vinculante habría sido prácticamente imposible conectarlo con acciones de justicia.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han planteado que lo que sigue ahora es construir una comisión de la verdad. Si se piensa en que la consulta tuvo la lógica de romper con la impunidad y hacerle justicia a las víctimas, la propuesta cobra mucho sentido. En nuestro país los abusos de la autoridad, las matanzas y la represión, siempre han quedado como expedientes abiertos, sin justicia, con los responsables protegidos y en la impunidad. Así, seguimos con el movimiento del 68 y la consigna de que: “el 2 de octubre no se olvida”. Tampoco se olvidan la guerra sucia de los años 70, Tlatlaya, Ayotzinapa y muchos otros casos. La pregunta original tenía sentido porque apuntaba a las cabezas del poder ejecutivo, a los expresidentes, como responsables y generadores de la impunidad.

La justicia en México tiene un altísimo nivel de impunidad; se trata de laberintos llenos de trucos y espejos falsos, con enorme sesgo clasista. El resultado es que las élites políticas y económicas sólo se ven afectadas cuando caen en desgracia. La escalera del poder protege a los de arriba y con más énfasis a los integrantes de la clase política. Las cárceles están llenas de pobres.

Hace unos días se publicó una encuesta que preguntó si debía investigarse y enjuiciar a loslos expresidentes por las decisiones tomadas en los años anteriores, las respuestas por el Sí fueron contundentes: Salinas 90.9%, Peña 89.8%, Calderón 89.2%, Fox 88% y Zedillo 87%. En la consulta el porcentaje fue más alto, 97.7%. También se incluyó al presidente actual, AMLO, que sacó un 72.4% (EL UNIVERSAL, 23/07/2021). Sin embargo, la ciudadanía no fue a las urnas.

Esta primera consulta fue anticlimática y el resultado fue una enorme abstención. Lo peor que podría pasar ahora sería profundizar el clima de impunidad. Veremos qué sigue…