Justicia pendiente
La justicia penal, pronta y expedita es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país.
Si bien se han promovido diversas reformas que buscan fortalecer el sistema judicial, como sucedió con la reforma en materia de seguridad y justicia de 2008, que estableció una ruta de cumplimiento hasta el 2016 y que se robusteció en 2011, con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, aún estamos lejos de que éstas impacten de manera clara en el acceso a la justicia.
Ejemplo de ello, es la situación que enfrentan las personas privadas de la libertad. Actualmente, en los 288 centros penitenciarios del país se concentra una población penitenciaria de 200 mil l14 personas, de las cuales, el 43 por ciento, es decir, 94 mil 547 personas, se encuentran sin sentencia, lo que se suma a otros problemas de la población penitenciaria, como el hacinamiento y la falta de acceso a derechos básicos.
Este es un problema generalizado en el sistema judicial, aunque se concentra principalmente en las entidades federativas, toda vez que el 87 por ciento de la población penitenciaria corresponde al fuero común y 13 por ciento al fuero federal.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario (INEGI, 2020), 42.6 por ciento de esta población tuvo que esperar un año o más para recibir su sentencia, y solo el 27.3 por ciento obtuvo su sentencia en menos de 6 meses, aunque de acuerdo a los registros actuales hay personas que superan las dos décadas sin sentencia.
Sumado a lo anterior, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019 (INEGI, 2019), revela que, del millón 901 mil 740 carpetas de investigación iniciadas en 2018, sólo fueron cerradas 83,419, es decir, sólo el 4.3 por ciento a diciembre de 2018.
Los datos mostrados cuestionan el enfoque integral de las reformas realizadas, el principio de presunción de inocencia, el derecho de toda persona a ser considerada inocente hasta que se compruebe lo contrario, y que observa a la prisión preventiva como una medida cautelar de carácter excepcional para las personas que podrían evadirse u obstaculizar la justicia, entre otras causas, quedan en entredicho.
Existen diversas investigaciones que revelan la corrupción existente en el acceso a la justicia, que vulneran los avances en la materia. Son innumerables los ejemplos que se pueden exponer, una muestra de ellos es el reciente amparo otorgado por la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez y por la secretaria en funciones de Magistrada, Garciela Bonilla González, que buscan exonerar a Kamel Nacif por la tortura contra la periodista Lydia Cacho.
El sistema de justicia cuenta con recursos, infraestructura y personal, pero se mantiene en una inercia renuente a los cambios, ocioso o subutilizado, lo que falta es un compromiso para el desarrollo de estas capacidades institucionales para garantizar el acceso a la justicia; una que se pronta y expedita y ponga en el centro los derechos humanos, y que proteja a las personas y respete sus derechos, sean imputados o víctimas.
La transformación al sistema de justicia sigue sin rendir resultados. Los jueces, juezas, magistrados y magistradas, así como las y los fiscales, tienen la obligación de agilizar y desburocratizar el acceso a la justicia. Luchar contra la corrupción y el nepotismo constituyen los principales retos para un acceso efectivo a la justicia que impacte favorablemente en las víctimas y a los grupos sociales más vulnerables.