AVALAN CÁRCEL PARA QUIEN DÉ TERAPIAS DE CONVERSIÓN
Tlaxcala.—
Con la publicación de un número extraordinario del Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala, entró en vigor la reforma al Código Penal local, que castiga con cárcel las terapias de conversión sexual para personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
Con ello, Tlaxcala se suma a otros otras seis entidades del país que por ley han prohibido este tipo de tratamientos.
Se establecen de dos a cuatro años de prisión a quien obligue a otro a recibir una terapia de conversión sexual.
JPara algunas organizaciones sociales, como la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, la reforma eléctrica que busca el gobierno federal es “sorda y no promueve el bienestar” de los pueblos indígenas.
Desde su visión, esta reforma mantiene el aprovechamiento de la energía que se genera en los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec en beneficio de más de 500 empresas privadas.
En realidad, dicen que sólo cambia que es el Estado el que controla esa energía, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero los que pueden acceder a ella son los que más tienen.
Mario Quintero, uno de los integrantes de la asamblea, señala que la batalla campal que se disputa actualmente en torno a la reforma eléctrica sólo es entre las empresas privadas que defienden sus inversiones y sus subsidios y el Estado, desde un discurso nacionalista de la soberanía energética.
Fuera de este debate queda la voz de los pueblos y comunidades “que fueron pisoteados y despojados de sus territorios” para que se instalaran esos proyectos de generación de energía, como los más de 20 parques eólicos en cinco municipios.
La organización, que tiene presencia en varias comunidades del Istmo, considera preocupante el hecho de que en la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no se toque el tema del despojo a los pueblos indígenas, pero sí se habla de que la generación de energía es un asunto de interés de seguridad nacional que debe defenderse.
Tampoco se habla, insisten, de que los pueblos y comunidades tengan acceso a la interconexión e infraestructura de la CFE, con la cual sean capaces de generar su propia energía renovable y comunitaria.
“Las empresas privadas pelean no perder sus beneficios, que por muchos años han gozado con la complacencia del gobierno; ahora la CFE potencializará su control, una CFE que favoreció el despojo a los pueblos, que hostiga y criminaliza a los que defienden el territorio, una CFE que apoyó a cientos de empresas y que ahora les quiere arrancar el control.
“No busca desaparecerlos, ahora los va a subcontratar, pero seguirán allí, aprovechando la energía, pero bajo los términos del Estado”, argumentó.
Para Quintero es inadmisible que de los más de 20 parques eólicos
PARQUES
eólicos hay en Juchitán, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, El Espinal y Santo Domingo Ingenio.
GENERADORES
producen energía eólica en cinco municipios de la región Istmo. plantados en Juchitán, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, El Espinal y Santo Domingo Ingenio, que proporcionan electricidad a empresas privadas como Oxxo, éstas paguen poco o casi nada de la energía que consumen, mientras que a las comunidades de la región, afectadas por la llegada de los parques, ni siquiera se les da una tarifa preferencial.
Incluso, en tiempos difíciles, como durante las crisis causadas por el terremoto de 2017 y la pandemia de Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad no redujo sus tarifas a los afectados.
Y es que en la región del Istmo de Tehuantepec, más de 500 empresas se benefician de 22 parques eólicos bajo el régimen de autoabastecimiento.
Entre ellas están Walmart, Suburbia, Soriana, Cementos Apasco, Kimberly Clark de México, Procter & Gamble, Nissan, Cemex, Barilla México, Grupo Búfalo, así como la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
También están las tiendas Chedrahui, Comercial Mexicana, Oxxo, Sabritas, Maizoro, Ce
MARIO QUINTERO Activista “Empresas privadas pelean por no perder sus beneficios, que por muchos años han gozado con la complacencia del gobierno”
“Es inadmisible que empresas privadas paguen poco o casi nada de la energía que consumen, mientras que a las comunidades de la región no se les da tarifa preferencial”