La arriesgada apuesta de Sheinbaum con la L12
En el esperado proceso que inicia contra los presuntos responsables de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la CDMX, la fiscal Ernestina Godoy se juega su credibilidad al frente de la procuración de justicia capitalina, con sospechas de judicializar carpetas que afectan a declarados adversarios de su jefa política y la tentación de dejar en la impunidad a útiles exfuncionarios y operadores de una cuestionada administración mancerista.
De tropezar en la causa penal que abre contra personajes cercanos al canciller Marcelo
Ebrard, sobre Godoy Ramos caerá la sombra que cubre desde hace algunos meses al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz
Manero, señalado de manipular las indagatorias con tintes personales y políticos, y acostumbrado a explotar las figuras legales de reparación de daño o testigo colaborador para otorgar regalos de impunidad.
De hecho, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene ya a su propio Emilio Lozoya en la figura de Miguel Ángel Vázquez Reyes, excolaborador del gobierno de Miguel Ángel Mancera, procesado penalmente por inflar la nómina de los trabajadores del gobierno, y liberado en los últimos días de septiembre con la figura del criterio de oportunidad, bajo la promesa de que aportaría información que lleve a capturar a los peces gordos de la pecera capitalina.
Vázquez Reyes disfruta actualmente de una cómoda prisión domiciliaria, luego de asegurar a los Ministerios Públicos locales que tiene documentos y pruebas suficientes para incriminar a una red de funcionarios públicos que, durante la administración anterior, desviaron hasta mil millones de pesos de las arcas del gobierno de la CDMX.
No obstante, aseguran fuentes con conocimiento de esas declaraciones, el exsubsecretario de Administración tampoco ha aportado datos de gran valor a la investigación –la misma historia de la FGR con Lozoya–, o adicionales a los que existían en las carpetas abiertas en la fiscalía capitalina contra Luis y Julio César Serna, Edgar
Tungüí, Carlos Meneses y Mauricio Toledo.
Sobre Luis Serna, por
ejemplo, se tenía concluida desde hace tiempo una investigación por posible enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, en la que los implicados serían principalmente la esposa del exsecretario particular de la Jefatura de Gobierno, María de los Ángeles Simón Aguirre, su
hija María Fernanda Serna
Simón, y su yerno Carlos
Jiménez Rodríguez, de quienes se reportan propiedades y gastos que no corresponden a sus ingresos.
Con una estrategia también similar a la de Emilio Lozoya, el exfuncionario capitalino involucró a prácticamente toda su familia en operaciones ilícitas. De hecho, a él no se le detectan propiedades o irregularidades financieras, pero a su cónyuge se le encontraron por lo menos ocho inmuebles con un valor reportado de 46 millones de pesos.
La hija se encuentra en la misma condición, sin reportar ingresos y con dos inmuebles adquiridos de 2015 a 2016 por más de 12 millones de pesos.
Sumado a esto se sabe que una razón social fachada, Chavarría Arquitectos S.A. de C.V. participaba en el pago de tarjetas y bienes millonarios para la familia Serna, y que además envió durante la administración de Mancera 108 millones de pesos a Estados Unidos. La solidez de la investigación ha sido siempre suficiente para judicializar de manera inmediata esta carpeta, pero quienes apoyan los proyectos de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, parecen tener otras prioridades que apuntan hacia 2024 y a la cabeza de la cancillería mexicana.
La fiscal Ernestina Godoy se juega su credibilidad, con sospechas de judicializar carpetas que afectan a declarados adversarios de su jefa política