El fiscal que persigue a todos, menos a los criminales
Cofece no baja salario a sus funcionarios SCJN confirma suspensión concedida contra el Presupuesto 2022 y limitaciones a los sueldos
SERPIENTES Y ESCALERAS
E n los casi tres años de gestión como el primer fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero ha perseguido y procesado a una anciana de más de 90 años y a su hija de 62, que además eran su familia política; ha acusado e intentado meter a la cárcel a 31 científicos destacados de México por un supuesto desvío de recursos nunca probado; intervino para que la Universidad de las Américas de Puebla dejara de ser controlada por la familia Jenkins, con la que tenía un antiguo litigio; ha negociado y favorecido a Emilio Lozoya con un proceso a modo y beneficios de testigo protegido que están a punto de liberarlo de la cárcel, aunque nunca dio información ni pruebas fehacientes de sus acusaciones.
Y aunque en estos tres años nunca ha perseguido o procesado a algún criminal o delincuente peligroso, mucho menos a algún capo de la droga de los que generan violencia en el país, ahora el primer fiscal autónomo, que se suponía iba a transformar, a mejorar y a profesionalizar la procuración de justicia en favor de los ciudadanos, ha decidido acusar e investigar a un periodista, Mario Maldonado,
y a una activista ciudadana que investigaron con el nombre de Nina R, por un supuesto delito al haber sido presuntamente parte del espionaje ilegal al fiscal Gertz por ser los primeros en difundir “de manera concertada” una grabación ilegal de sus conversaciones telefónicas.
Ayer el fiscal especializado en Control Regional de la FGR, Germán Castillo, dijo que la dependencia está investigando al periodista Maldonado y a la activista social, y amenazó con que podrían ser acreedores a una pena de 6 a 12 años de prisión por difundir los audios donde se escuchaba hablar a Gertz Manero con el fiscal especializado de control, Juan Ramos, sobre una operación para presionar a los ministros de la Corte a que votaran a su favor en el amparo interpuesto en su contra por su familia política.
Casualmente Nina R, la activista a la que acusa el fiscal de control Regional de la FGR, es la novia de Gonzalo
Castillo Cuevas, el hijo de Alejandra Cuevas Morán y nieto de Laura Morán, las dos mujeres a las que Gertz Manero acusó y encarceló por presunta negligencia y descuido en el cuidado de su hermano Federico Gertz Manero.
El tipo penal en el que se basaría la acusación de la FGR contra el periodista y la activista es que una supuesta “operación concertada” en la que, según el fiscal Castillo, el periodista y la activista habrían sido parte de una acción planeada para dañar la reputación y la imagen del fiscal General de la República. De acuerdo con abogados, el Código Penal que establece en su artículo 177 el delito de espionaje, estipula que son responsables de este delito quienes intervengan comunicaciones privadas sin autorización judicial, y la acusación de la FGR partiría de que quien difunde esas grabaciones o intervenciones ilegales con la finalidad de hacer daño a la persona espiada, también incurre en un delito.
Es claro que, en su venganza, Gertz Manero ha vuelto a retorcer la aplicación de las leyes y busca acusar e intimidar a los mensajeros y no a quienes ordenaron, planearon y ejecutaron el espionaje.
Gertz primero dijo que todo esto era parte de una “extorsión mediática” en su contra, aludiendo a su archienemigo y antiguo amigo, el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; después, ante la Junta de Coordinación Política del Senado, afirmó que iba “a meter a la cárcel a varios” y que llegaría hasta los autores del espionaje. Y ahora, en su afán de venganza, el fiscal que debería proteger y procurar justicia a los ciudadanos, está persiguiendo y acusando a periodistas y activistas, confirmando por qué muchas voces, cada vez más en el país, creen que Gertz Manero extravió la brújula y se ha convertido en un fiscal peligroso, vengativo y que utiliza su poder no para buscar justicia para los mexicanos, sino para sus asuntos y venganzas personales. •
Por el momento, los funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) mantendrán salarios más altos que el del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión concedida al órgano regulador contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 y las limitaciones que incluye sobre los salarios de los servidores.
Con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la SCJN avaló el acuerdo emitido por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para exentar a ese órgano autónomo del cumplimiento de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
En enero de 2022, la Cofece presentó una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República promovió un recurso de reclamación contra la decisión de González Alcántara Carrancá de mantener para la Cofece salarios superiores a los del Mandatario federal.
La presidenta de la Cofece, Brenda Gisela Hernández Ramírez, presentó el recurso al argumentar que el organismo a su cargo tiene autonomía constitucional y el hecho de que en el Presupuesto de Egresos
En estos tres años nunca ha perseguido o procesado a algún criminal o delincuente peligroso, mucho menos a algún capo de la droga.
JUAN LUIS GONZÁLEZ Ministro de la SCJN “Uno de los malestares del aparato burocrático es que no se dan las pautas exactas para establecer como tope los 108 mil pesos”
de la Federación 2022, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo Federal hayan incluido topes salariales, lesiona su independencia.
Desde que entró en vigor la ley, cada año los organismos autónomos promueven recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el Banco de México (BM), los institutos Nacional Electoral (INE), Federal de Telecomunicaciones (IFT) y Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), para evitar que la legislación les sea aplicada.
Durante el análisis de esa ley, derivado de las impugnaciones, la Corte pidió al Congreso de la Unión establecer parámetros claros para calcular el sueldo del Presidente y del resto de los servidores.
El ministro González Alcántara Carrancá afirmó que uno de los malestares es que no se dan normas y pautas exactas para fijar como tope los 108 mil pesos que gana López Obrador. •