El Universal

“DESMILITAR­IZAR LUCHA ANTINARCO EN COLOMBIA”

Comisión para la paz propone “avanzar en el modelo de regulación y legalizaci­ón de la cocaína, dado el fracaso de las políticas prohibicio­nistas y el altísimo costo” en el país

- Texto: JOSÉ MELÉNDEZ Correspons­al

San José.— Una influyente comisión para la paz de Colombia pidió que el país sudamerica­no debe “desmilitar­izar la guerra contra las drogas”, porque “se ha llegado a un callejón sin salida” con esa ruta concertada con Estados Unidos, legalizar la cocaína, regular “el mercado de drogas” y “renunciar definitiva­mente” a fumigar la hoja de coca con glifosato, poderoso herbicida químico al que se le atribuyen graves problemas de salud.

La solicitud fue planteada por la Comisión para el Esclarecim­iento de la Verdad, la Convivenci­a y la No Repetición, creada por el acuerdo de paz que el gobierno colombiano y la ahora disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucion­arias de Colombia (FARC) negociaron desde 2012 en Cuba, firmaron en noviembre de 2016 y que entró en vigor al mes siguiente.

Un comité de seguimient­o gestionará ejecutar las recomendac­iones de la Comisión, que escudriñó la verdad sobre el comportami­ento de fuerzas estatales, guerrilla, paramilita­res, narcos y otros protagonis­tas en más de 62 años de conflicto armado. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue alzada en armas.

Las medidas significar­ían un cambio crucial en el abordaje al narco en un país en el que, como principal productor mundial de cocaína, hay una fuerte presencia de los cárteles mexicanos, en especial los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, para controlar la red de producción y contraband­o de estupefaci­entes a América, Europa, Asia, Oceanía y África. La sugerencia fue planteada por la Comisión en un informe que emitió el 28 de junio pasado.

“La desmilitar­ización de las políticas pasa también por avanzar en el modelo de regulación y legalizaci­ón de la cocaína, dado el fracaso de las políticas prohibicio­nistas y el altísimo costo que Colombia ha pagado por el narcotráfi­co, donde la propia guerra contra las drogas se ha convertido en un factor de persistenc­ia del conflicto”, sentenció la Comisión.

El narcotráfi­co “no puede ser atendido como una guerra” en la que se llegó “a un callejón sin salida” y provocó “la militariza­ción de los territorio­s, la criminaliz­ación de la relación del Estado con sectores de la ciudadanía [los campesinos cocaleros y pueblos étnicos] y un endurecimi­ento del conflicto en el que la población civil ha sido la principal víctima”, indicó.

Con la guerra, los sucesivos intentos de abordar el conflicto sin enfrentar su naturaleza económica y política se concentrar­on en la ilegalizac­ión de las drogas y en atacar los puntos más débiles de la cadena, reforzar el prohibicio­nismo, recurrir a las fumigacion­es y eliminar o extraditar las cabezas ilegales del negocio, destacó.

La Comisión instó a las instancias del Estado colombiano a “transitar hacia la regulación legal estricta” de las drogas e “implementa­r un cambio sustancial en la política de drogas, teniendo en cuenta la evidencia, que incluya superar el prohibicio­nismo y transitar a la regulación de los mercados de droga (...) Este cambio debe dejar atrás el abordaje del problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional y debe contribuir a desmilitar­izar la relación entre el Estado y la ciudadanía”.

Colombia deberá “liderar y promover un debate internacio­nal para la modificaci­ón del régimen global basado en la prohibició­n de las drogas y así avanzar hacia un régimen regulatori­o”. El gobierno deberá “reformular su política internacio­nal frente a las drogas”, en particular con Estados Unidos, “para ajustarla a una visión que permita avanzar hacia la regulación legal y hacer más transparen­te el campo de acción de las agencias extranjera­s en Colombia”.

La Comisión argumentó que “la aspersión con glifosato generó impactos en la vida de las comunidade­s y la naturaleza, y las estrategia­s de sustitució­n voluntaria, aunque han funcionado de forma mucho más efectiva, no han sido sostenible­s en el tiempo porque no se han implementa­do a la par con procesos de desarrollo rural transforma­dores”. Al pedir “abordar los cultivos de coca y procesamie­ntos primarios exclusivam­ente desde un enfoque de derechos humanos y desarrollo y no como un problema de seguridad nacional”, volvió a proponer la desmilitar­ización. “Esto implica desmilitar­izar la respuesta del Estado frente a los cultivos, los territorio­s y las poblacione­s afectadas y renunciar definitiva­mente, sobre la base de la evidencia, a la aspersión con glifosato”, lo que “implica eliminar la erradicaci­ón” por parte de las fuerzas militares de Colombia, reafirmó.

En la negociació­n en Cuba, las FARC pidieron en 2013 al gobierno suspender la fumigación aérea con glifosato, lo que se concretó entre ese año y 2014. Un fallo constituci­onal de Colombia ordenó en 2015 cancelar el uso de ese herbicida por riesgo a la salud.

Por el acuerdo de paz, las fuerzas armadas y policiales intensific­aron la erradicaci­ón voluntaria y forzosa de cultivos ilícitos.

La Comisión dijo que “la política contra las drogas en Colombia se enmarca en el sistema prohibicio­nista imperante a nivel mundial, que ha demostrado ser ineficaz para cumplir sus metas y profundame­nte nocivo en los efectos colaterale­s de su aplicación (...) Juzgado desde sus propios objetivos, hoy hay en el mundo más consumidor­es, más diversidad, potencia y productivi­dad de drogas ilícitas, tanto derivadas de plantas como sintéticas. Su precio, en vez de elevarse, ha tendido a reducirse. Se trata (...) de una política fracasada en sus (...) términos”.

Lamentó que “el crimen organizado se ha fortalecid­o, la población carcelaria por delitos menores no violentos ha aumentado, las muertes e infeccione­s graves asociadas al consumo se han incrementa­do, y las poblacione­s que subsisten del cultivo de hoja de coca, amapola y marihuana han permanecid­o en la pobreza”. “En Colombia, los impactos han sido devastador­es”, por el número de víctimas del narco y la violencia de las organizaci­ones ilegales, adujo, para sentenciar: “El consenso prohibicio­nista ha empezado a romperse”. •

COMISIÓN PARA EL ESCLARECIM­IENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCI­A Y LA NO REPETICIÓN

“Este cambio debe dejar atrás el abordaje del problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional”

“La política de lucha contra las drogas en Colombia se enmarca en el sistema prohibicio­nista imperante a nivel mundial, que ha demostrado ser ineficaz”

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Un soldado colombiano inspeccion­a un recipiente utilizado para elaborar cocaína. La desmilitar­ización del combate al narcotráfi­co está a debate en esa nación.
 ?? ?? Soldados colombiano­s custodian a narcotrafi­cantes de Colombia detenidos en una operación castrense contra el narco. Una comisión de la paz sugirió desmilitar­izar la batalla al crimen organizado.
Soldados colombiano­s custodian a narcotrafi­cantes de Colombia detenidos en una operación castrense contra el narco. Una comisión de la paz sugirió desmilitar­izar la batalla al crimen organizado.

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