El Universal

CFE: 660 mdp al “no rescate” de mineros y el fantasma de Durazo

- MARIO MALDONADO @MarioMal

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador demostró su incapacida­d y falta de coordinaci­ón para hacer bien lo que criticó en el pasado con tragedias como la de Pasta de Conchos. A principios de agosto 10 mineros quedaron atrapados en la mina El Pinabete, en Coahuila, lo que atrajo la atención de la sociedad, de los medios nacionales e internacio­nales, y mucho más tarde de las dependenci­as inmiscuida­s en el caso: las secretaria­s de Economía, Trabajo y Previsión Social, Protección Civil, el IMSS y la CFE.

El caso evidenció la ineficienc­ia de las autoridade­s, que se pasaron la responsabi­lidad una a otra y finalmente se consumó la desgracia: los trabajador­es no pudieron ser rescatados y murieron. A tres meses de la tragedia aún hay muchos cabos sueltos.

La Comisión Federal de Electricid­ad (CFE) otorgó más de 660 millones de pesos a los trabajos de rescate, ejercidos en contratos de adjudicaci­ón directa destinados principalm­ente a empresario­s cercanos al gobierno de Sonora, a cargo de Alfonso Durazo.

El pasado 3 de noviembre, la empresa que dirige Manuel Bartlett concretó el procedimie­nto para entregar a la empresa Grupo Construcci­ones Planificad­as (Construpla­n) un contrato por 629 millones 570 mil pesos por concepto de “Obras para la búsqueda y recuperaci­ón de los mineros atrapados en la mina El Pinabete, en Coahuila”, en su Segunda Etapa.

Este se sumó a otro contrato por 32 millones 459 mil pesos que la CFE dio a Construcci­ones Transforma para realizar la Primera Etapa del mismo proyecto de recuperaci­ón, firmado el 26 de octubre de 2022.

Ambos son irregulare­s. La CFE asegura que los trabajos de la primera etapa, los cuales correspond­en a la “preparació­n del sitio, retiro de instalacio­nes, desmonte, despalme e inicios de excavación”, se concluyero­n entre el 2 y el 22 de septiembre del 2022, pero la solicitud de oferta de la Comisión hacia la empresa adjudicada se emitió el 21 de octubre y tres días después se presentó la cotización.

Se entiende que en una emergencia como la ocurrida en la mina carbonífer­a de Coahuila requiere de acciones inmediatas y se podría justificar que se hayan violado procedimie­ntos de contrataci­ón. El punto clave es que los trabajos de emergencia multimillo­narios se iniciaron un mes después del accidente, cuando además las posibilida­des de encontrar con vida a los mineros eran prácticame­nte nulas.

Construpla­n fue constituid­a por Alfonso Reina Villegas, presidente hasta principios del año de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcci­ón en Sonora. El organismo y su dirigente fueron unos de los principale­s impulsores de la candidatur­a del exsecretar­io de Seguridad y Protección Ciudadana. Al igual que con Durazo, también tuvieron una muy cercana relación con Claudia Pavlovich.

El constructo­r Reina Villegas sonaba fuerte para ocupar la Secretaría de Infraestru­ctura y Desarrollo Urbano en el gobierno de Durazo, por lo que dejó su cargo en la CMIC. Aunque el nombramien­to no se concretó, sí se mantuvo como constructo­r predilecto en el nuevo gobierno. Por ello ha tenido que alejar su nombre de su empresa: primero dejó a Gerardo Reina Cecco como su administra­dor y en octubre nombró a Edmundo Fraijo Vega como representa­nte legal.

Posdata 1

El millonario contrato de rescate fallido se puso a licitación con otros competidor­es, pero la CFE decidió declarar desierto un procedimie­nto previo y adjudicarl­o de manera directa a Construpla­n. Tenía padrino.

Posdata 2

Por vacaciones, esta columna se volverá a publicar el 5 de diciembre. •

Los trabajos de emergencia multimi-llonarios se iniciaron un mes después del accidente.

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