Por encima de la ley, nadie
Durante la marcha del domingo pasado hubo denuncias sobre acarreo, uso de programas sociales y desvío de recursos públicos para promocionar al gobierno y a las “corcholatas” del Presidente López Obrador.
Ha sido recurrente el uso ilegal de recursos públicos para la promoción de la imagen del Presidente López Obrador y lo volvieron a hacer con el pretexto de la marcha. Utilizaron el dinero de los mexicanos para el traslado de personas, para pagar su alimentación, incluso pagaron por asistir al evento.
Cada día, el gobierno federal y sus aspirantes presidenciales cometen más y más ilegalidades. Coaccionaron a servidores públicos, tianguistas, locatarios de mercado y ambulantes con la pérdida de su empleo o lugar de trabajo en caso de no asistir a la marcha. Amenazaron a los beneficiarios de los programas sociales con quitarles el apoyo si no acudían el domingo. Tanta era su desesperación por llenar el Zócalo —lo cual, por cierto, no lograron—, que prometieron la inscripción a algún programa social. Tuvieron el descaro de utilizar el padrón de beneficiarios de los programas sociales para hacer pase de lista.
En un Estado de derecho, no se pueden violar las reglas básicas que rigen a la democracia, sin embargo, el titular del Ejecutivo federal, las “corcholatas” y Morena insisten en transgredir la ley. Como en cuatro años no han dado resultados, están tratando desesperadamente de posicionar a su gobierno. Y como saben que sus aspirantes a la Presidencia no repuntan, de todas las maneras posibles quieren promocionarlos.
Por ello, el día de ayer, presenté junto con senadores de diversos grupos parlamentarios, una queja ante la autoridad electoral contra el Presidente de la República, el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, así como contra la jefa de Gobierno de la CDMX y Morena por las irregularidades del domingo. Igualmente, solicitamos se emitan las medidas cautelares respectivas para que se abstengan de volver a incurrir en actos similares a los denunciados.
Utilizaron indebidamente los recursos públicos y la estructura de gobierno para amenazar a la gente y coaccionarla para asistir. Acompañamos esta queja con fotos y videos que hicieron llegar distintos ciudadanos a través de las redes sociales, los cuales constatan que existieron conductas ilícitas en la realización de dicho evento.
La ley, así como los criterios y jurisprudencia en la materia, establecen que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de aplicar con imparcialidad y neutralidad los recursos públicos que les son asignados, no a su conveniencia ni para fines electorales. Mucho menos pueden ser utilizados para dañar nuestra vida democrática.
Sin duda, estas ilegalidades deben ser investigadas y sancionadas por el árbitro electoral. Ni el titular del Ejecutivo federal, ni el secretario de Gobernación, ni el secretario de Relaciones Exteriores, ni la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ni Morena, pueden estar por encima de la ley.
El presidente constantemente utiliza como estandarte el pensamiento reformista y juarista: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, sin embargo, no lo ha llevado a la práctica y pretende estar al margen y por encima de la ley. Pero aquí estamos en el bloque opositor para demostrarle que la ley se respeta y tenemos instituciones para hacerlas valer. •