Zaldívar fue parte del robo más grande desde la Colonia

“El mayor robo que se ha cometido en México desde la época colonial”. Así ha definido el presidente López Obrador al Fobaproa, una y otra vez, desde el lejano 1997. Ese año, López Obrador se convirtió en el primer denunciante de un saqueo que, según afirma, hace palidecer los daños ocasionados por el llamado “error de diciembre”.

En 1999, López Obrador publicó un libro (Fobaproa: expediente

abierto) cuyo contenido iba a servirle como caballito de batalla para denunciar una política económica que “desde Salinas tiene como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aun sobre el interés público”.

Los “neobanqueros”, relata el presidente, operaron sin ningún tipo de control. Se prestaron millones unos a otros, o se otorgaron créditos a nombre de sus propias empresas. Se autorizaron otros sin garantía alguna, y otorgaron créditos por consigna, para financiar ilegalmente las campañas electorales del PRI.

Cuando la bomba de la quiebra estalló, los funcionarios del Fobaproa les compraron las carteras quebradas con dinero público, y le legaron al pueblo mexicano una deuda que no terminaría de pagarse sino 50 años más tarde.

Cuando en 1999 el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, ordenó que las operaciones realizadas por el Fobaproa fueran auditadas a fin de determinar si existían irregularidades en la compra de cartera a los bancos, e instruyó para que, en caso de encontrarse irregularidades, dichas instituciones devolvieran los títulos de crédito que se hubieran emitido a su favor, al despacho del hoy ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea le cayó del cielo un negocio millonario: amparar a las instituciones bancarias involucradas –Bancomer, Banco Internacional, Banco Nacional de México, Banco Mercantil del Norte–, a fin de que no se revisaran sus créditos –algunos de los cuales la Auditoría Superior de la Federación había considerado ilegales y la Cámara de Diputados había ordenado investigar.

Zaldívar representó, pues, a los banqueros que López Obrador acababa de denunciar en su libro como “un puñado de especuladores y traficantes de influencias”. El hoy apasionado defensor en los medios de la Cuarta Transformación, el heroico funcionario que abandonó la Corte para emprender la defensa “de los más pobres, de los desposeídos, de los olvidados de este país”, litigó hace 20 años en favor del saqueo de que estos eran víctimas, “el mayor robo cometido desde la Colonia”, a fin de detener el escrutinio ordenado por el IPAB.

Cuando su despacho obtuvo una suspensión definitiva, Zaldívar ofreció una entrevista al periódico La Jornada (23 de septiembre de 2003), en la que acusó al Auditor Superior de la Federación –Arturo González de Aragón– de rebasar el campo de sus atribuciones.

No solo eso, preguntó de dónde había sacado el Auditor la información que le hacía presumir la existencia de irregularidades (“se ve claramente que hubo violación al secreto bancario…”), y agregó que la protección de la justicia federal a los bancos era necesaria “en beneficio de la economía nacional”.

Dijo también el hoy aliado de AMLO: “Se ha estigmatizado a los banqueros por el hecho de que recurrieron al amparo, solo porque están reclamando un acto de inconstitucionalidad en su contra”.

Las malas lenguas dicen que el despacho cobró sus servicios en millones de dólares. AMLO considera que el Fobaproa ha costado al pueblo de México 3 billones de pesos. No hay otra conclusión: Zaldívar fue parte del “mayor robo cometido desde la Colonia”. •

Al despacho del hoy ministro en retiro le cayó del cielo un negocio millonario: amparar a las instituciones bancarias.