SACAN BONUS CON LOS BONOS
Intermediarios financieros manipulan el mercado de deuda para aprovecharse de las subastas de valores gubernamentales.
Una reunión, el sistema de mensajería instantánea de una computadora o de un celular, pueden ser suficientes para que los operadores de las mesas de dinero de bancos, casas de bolsa o sociedades de inversión, se pongan de acuerdo para manipular el mercado de deuda gubernamental valorado en 6.3 billones de pesos. Esos intermediarios financieros suelen comprar valores, como Cetes, Udibonos, bonos a largo plazo o Bondes, que emite el gobierno para fondear sus necesidades financieras. Para ello utilizan sistemas electrónicos que los conectan a las subastas que el Banco de México (Banxico), el agente colocador del gobierno, hace de estos valores cada semana. Actualmente, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) los investiga por posibles prácticas monopólicas absolutas e intenta comprobar si se coludieron para obtener mayores ganancias en las subastas. Esa práctica puede implicar que manipulen precios y limiten la oferta o la demanda de los valores, para así conseguir mayores ganancias. Actuar bajo esa lógica supone que los operadores se ponen de acuerdo cuando Banxico realiza las subastas, para pagar un precio menor por los bonos que emite y obtener una mayor tasa de interés. O bien, los operadores podrían ponerse de acuerdo para que cuando el gobierno quiera recomprar sus valores, los vendan a Banxico a un precio más alto y pagarle una tasa menor. Al final, el gobierno federal tiene que pagarles más por la deuda que les recompra, mientras que recibe menos dinero por la que les vende. “Todos lo hacen, es una práctica común. Lo que puede estar pasando es que el gobierno ya se ha visto más perjudicado”, dice Joel Martínez, director general de la firma Visor Financiero. La intermediación en este mercado representa en promedio 10% de los ingresos –antes de impuestos– de los bancos en los últimos cinco años, según la calificadora Moody’s. Si la Cofece comprueba que hubo colusión, el daño al erario y a los inversionistas sería grave, pues se negocian unos 100,000 millones de pesos diarios en ese mercado. Corre el segundo periodo de investigación de 120 días y la Cofece tiene hasta septiembre de 2018 para decir si hubo o no colusión.