¿NOS VAMOS A QUEDAR SIN AGUA?
México corre el riesgo de no poder dar este servicio en 2030. Los retos son varios y las empresas tienen un papel que jugar.
El norte de México sufre escasez física de agua, y el centro del país está próximo a caer en la misma situación, según un informe de Naciones Unidas. Para poder llegar al año 2030 con una demanda y suministro de agua equilibrados, y poder mantener y operar la infraestructura con el acceso universal al servicio, será necesario invertir 51,000 millones de pesos al año. Pero el gobierno se queda corto en cerca de 14,000 millones, asegura la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De 2002 a 2012, cuando alcanzó su máximo histórico, la inversión que se destinó a agua potable, alcantarillado y saneamiento aumentó 289%, de 10,419 a 40,502 MDP. Esta inversión, realizada décadas atrás, rindió frutos: la cobertura de la población con acceso a los servicios de agua entubada pasó de 78.4% en 1990 a 92.5% en 2015. Sin embargo, en el último lustro, el monto ha disminuido 22%, según cifras de la Conagua. Con esa tendencia, el país no cubrirá las necesidades de sus habitantes. Para 2030, la población en México será 14% superior a la de 2015, por lo que la demanda de agua tendrá un incremento similar. La Conagua es consciente del reto, por lo que en la ‘Agenda del Agua 2030’ estima que el total de inversiones requeridas para garantizar el abasto del recurso hídrico es de poco más de 1 billón de pesos, de ese monto, 77% debe ser destinado a la mejora de eficiencias y nueva infraestructura. “Será necesario incrementar la asignación de recursos y modificar las políticas de inversión en el sector para alcanzar dichas metas”, señala la Conagua. Para lograrlo, hay cinco grandes retos que resolver en el sector de la infraestructura hídrica en México: el déficit de inversión, la falta de planeación a largo plazo, la ineficacia de la gestión pública, unas tarifas que dificultan alcanzar la rentabilidad y una regulación deficiente. El principal problema es que las responsabilidades están muy divididas. El agua es de la federación, pero luego ésta no se encarga de la prestación del servicio, que es obligación de los municipios. Sin embargo, la transferencia financiera desde el presupuesto de la federación pasa primero por los estados y no siempre llega a los municipios. De ahí la diferencia entre la calidad del servicio en distintas localidades.
El estado con mayor satisfacción con el servicio de agua potable es Nuevo León, y el de menor satisfacción es Tabasco, de acuerdo con la ‘Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental’ del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las concesiones –como las que ya tienen las empresas Veolia, en Aguascalientes, y Aguakan, en algunos municipios de Quintana Roo– y las asociaciones público privadas pueden ser una solución eficaz, coinciden los expertos consultados. “Lo fundamental es pensar en la aplicación de un esquema de regulación para que la participación privada pueda darse en términos de la eficiencia del servicio y del punto de vista de los consumidores”, dice Roberto Olivares, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS). Entre las iniciativas en el tema regulatorio de la ‘Agenda del Agua 2030’, de la Conagua, se encuentran: modificar las leyes estatales y sus reglamentos para que regulen la inversión público privada en la infraestructura hídrica, establecer un sistema claro y transparente de precios y tarifas del agua, crear un sistema de información de inversiones de los tres órdenes de gobierno y de los usuarios, y dar una responsabilidad más relevante a los gobiernos estatales en materia de agua potable y saneamiento. Aún falta mucho camino por recorrer en todos estos temas. La ‘Agenda del Agua 2030’ se publicó en 2011 y restan 14 años más para lograr la meta: la consolidación de una política de sustentabilidad hídrica en el país. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser muy graves.