LA LEY Y EL CAOS: ¿BINOMIO PERFECTO?

Tener un marco legal robusto no necesariamente garantiza una convivencia social armónica; las acciones de sus operadores son la clave.

En un país en donde todos los días leemos noticias sobre actos tumultuosos, arbitrarios y sin reglas, caemos en la tentación de crear más leyes. Así, para aliviar este desorden nacen miles de ordenamientos y reglas –no se exagera– que pocos entienden y menos respetan. México, debemos reconocerlo, es un país de leyes; diario se publican en el órgano oficial, y ahora en la era cibernética en las páginas web, diferentes normas jurídicas con la ilusión de lograr un buen gobierno. ¿Algún legislador o investigador jurídico tendrá una somera idea de cuántos ordenamientos jurídicos tenemos? ¿En un momento determinado algún político tendrá la brillante idea de depurar los ordenamientos jurídicos? En Italia, por ejemplo, crearon una ley para dejar sin vigencia varios ordenamientos obsoletos, para ellos se dieron un plazo de dos años solamente para identificarlos. Pero este lobo al que nadie le tiene miedo surge furioso en el bosque del caos, cuando un inocente emprendedor quiere abrir una empresa o un ciudadano exige sus derechos. Es ahí cuando el cúmulo de panfletos que nadie observa resurge victorioso, infalible para aplastar incluso la dignidad humana (este concepto moral que implica, paradójicamente, un estatus jurídico que nuestros gobernantes se afanan en nombrar en cada acción que realizan y por ello parece ya superfluo). Así la ley se convierte en la salvación y la responsable del desastre y de su propio incumplimiento. Y para muestra baste un botón: recientemente, los medios han reportado la intención de modificar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Esta iniciativa tiene como finalidad ampliar el catálogo de delitos que, conforme al artículo 19 de nuestra Constitución, merecen prisión oficiosa, bajo el argumento de que el sistema es laxo con los delincuentes y, con ello, responsable del incremento de la delincuencia. La propuesta de modificaciones sería una regresión que en nada ayudaría a disminuir los índices delictivos. Nuevamente la ley es la culpable y su cura es crear otra. Pero las fallas reales se encuentran en la incapacidad de sus operadores y en la ignorancia de su contenido por los ciudadanos e, incluso, su desinformación. Si nos vamos al ámbito de lo corporativo, cada año esperamos que el Ejecutivo presente una iniciativa que reforme la legislación fiscal para tener un sistema más equitativo que permita el crecimiento económico, no obstante, el resultado es una “ley imperfecta”; quizá porque sus generadores se olvidan de que crear y aplicar una norma no es cómo decidir qué hacer con un animal rabioso, sino que implica prestar atención al punto vista de la persona a la que va dirigida. En este sentido, la naturaleza de la creación e imposición de una norma jurídica es un asunto de argumentación y debate permanente, de ahí que escuchar a los involucrados constituya otro aspecto de la dignidad humana. Dicha argumentación reivindica la ley y la hace más poderosa y permite a los gobernados (seres que poseen razón e inteligencia) lidiar con las razones por las cuales son gobernados y aceptar que puede haber una relación entre sus acciones y propósitos, respecto de las acciones y fines del Estado. Crear leyes debe obedecer a la necesidad de que la sociedad viva en armonía mas no de cubrir una cuota política. Tampoco podemos caer en ordenamientos casuísticos que no auxilian al ciudadano, sino que complican su convivencia. Debemos dejar de pensar que con la ley se generarán empleos, se combatirá la delincuencia, la desigualdad, que con ella vamos a terminar con la corrupción; esto permitiría dejar de culparla y que asuman su responsabilidad quienes la aplican.