LISTOS PARA DAR BATALLA
Las empresas cuentan con herramientas legales e, incluso, tratados internacionales para protegerse si un gobierno echa para atrás un contrato de obra pública.
El próximo gobierno de López Obrador planea cancelar o “revisar” algunos grandes proyectos del sexenio saliente. ¿Qué pueden hacer las empresas en estos casos?
El cambio de estafeta en el gobierno ha desatado dudas sobre la continuidad de proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), los contratos obtenidos en las rondas petroleras y la planta de termovalorización de la Ciudad de México, que construye la firma francesa Veolia para generar energía con la basura. Ante esta situación, los expertos opinan que las empresas no deben alarmarse... si tienen todo en orden. En el peor de los casos, si la administración pública cancela unilateralmente un proyecto, las compañías tendrán derecho a una cuantiosa indemnización, coinciden los abogados consultados por Expansión. Una de las mayores banderas de la campaña electoral de la futura administración fue la revisión de la reforma energética. López Obrador aseguró que revisará los contratos otorgados a empresas extranjeras para explorar y explotar petróleo, y que hasta la fecha suman 107 adjudicados en siete rondas de licitación. El motivo esgrimido es investigar si hubo corrupción, irregularidades o conspiraciones para favorecer a una empresa.
Thomas Heather, socio del despacho González Calvillo, descarta estas posibilidades, pues el proceso de licitación fue muy transparente. Además, el especialista subraya que las compañías ganadoras pagarán contraprestaciones al gobierno por encima de las de otros países con licitaciones similares, por lo que tampoco cree que haya motivos económicos para rescindir los contratos. En cualquier caso, las empresas cuentan con la protección de los acuerdos internacionales. El nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá incluye un apartado de energía que debe leerse como un aval a la apertura de México al sector privado. Si los contratos no se respetan, las compañías podrán acudir a los tribunales internacionales de resolución de conflictos, donde tendrán muchas opciones de salir ganadoras, dice Andrew Holland, director de Estudios del centro de análisis American Security Project. En el caso del NAIM, ya se han licitado contratos por más del 75% del monto de inversión del aeropuerto. Las obras de preparación del suelo terminaron, y está en marcha la construcción de las pistas, la torre de control y la terminal aérea. Los contratos incluyen a empresas mexicanas, como Carso, ICA, Prodemex y GIA, además de firmas internacionales, como Parsons.
Tener compañías extranjeras participando en el proyecto puede dificultar una potencial marcha atrás, de acuerdo con Luis Rubio, socio ejecutivo de la firma Holland & Knight México, pues afectaría varios tratados comerciales e, incluso, la reputación del país. “La calificación de México se iría al piso”, opina. La cancelación caería en el incumplimiento de los contratos, comenta Ricardo Gallegos, director ejecutivo de Finanzas Públicas de HR Ratings. El monto de la indemnización dependerá del porcentaje de avance que lleve la obra, si ya se comenzó, y de lo que dicte el acuerdo con el gobierno. En ese caso, lo primero que deberán hacer las empresas es reunir a todos sus expertos legales y técnicos para hacer un análisis de la situación y diseñar la estrategia de defensa legal, explica Sergio Chagoya, socio de Santamarina y Steta. “Dependiendo del mecanismo legal que tratara de emplear el nuevo gobierno, vendría el planteamiento de defensa, y, por tanto, también qué tipo de recuperación económica puede llegar a tener el empresario”, comenta. Otro de los grandes proyectos en riesgo es la planta de termovalorización de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa de la capital, ha prometido cancelarlo para evitar la deuda en que va incurrir la ciudad para pagarlo. Federico Casares, director de Desarrollo de Negocio de Veolia México, disiente y explica que el proyecto fue estructurado para utilizar el dinero que hoy ya se destina para el pago de energía eléctrica del metro –al que alimentará esta planta– y para el transporte y disposición de los residuos urbanos. Pero si se cancela el contrato, la firma cuenta con muchos mecanismos de defensa legal, afirma Daniel Balco, socio del despacho Blanco Carrillo. “La relación entre la empresa con el contratante, o sea, el gobierno, es un contrato que tiene ciertas reglas y que sigue ciertos procedimientos. Asumiendo que las empresas tienen un contrato válido o exigible, existen los medios para solicitar que se revise cualquier resolución que de manera unilateral haga alguna dependencia”. Chagoya opina que una victoria legal de las empresas es probable. “Si todo está en orden y no hay una causa jurídica, técnica y/o financiera para una rescisión de contrato o una revocación de una concesión, ya se tienen todos los elementos para plantear la estrategia de defensa, y, por tanto, también qué tipo de recuperación económica puede llegar a tener el empresario”.