AMLO abre la cartera a jóvenes y adultos mayores.
A un mes de que asuma el poder, Andrés Manuel López Obrador tiene el reto de plasmar en el gasto público las promesas de campaña, que incluyen cinco programas sociales con los que busca dejar huella.
Equipados con un dispositivo móvil, un mapa y un folleto de programas sociales, 20,000 encuestadores recorren casa por casa todos los rincones del país en busca de beneficiarios de los apoyos que prometió el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos –los llamados “siervos de la nación”– son los encargados de levantar el padrón de beneficiarios que, a partir del próximo año, tendrán algunos de los programas. Aumento a pensiones de adultos mayores, becas para estudiantes, apoyos para discapacitados, para la siembra de árboles y un programa para incorporar a los jóvenes que no estudian ni trabajan al mercado laboral, fueron algunos de los programas estrella que se comenzaron a definir desde campaña. “Becarios sí, sicarios no”, repitió una y otra vez López Obrador al hablar de su propuesta para jóvenes. Pero ¿cuánto implicarán para las finanzas públicas? El presupuesto estimado es de casi 300,000 millones de pesos. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estima que todo el gasto social del próximo presidente absorbería el 1.5% del producto interno bruto (PIB).
Estos recursos, además de los gastos ya comprometidos para el próximo año, la deuda pública y la suma para pensiones y jubilaciones, pueden convertirse en un reto para el equipo económico del próximo mandatario, advierten especialistas, quienes le aconsejan tomar medidas.
RECORTES A LOS PROGRAMAS
Para Alejandro González, director general del centro de análisis e investigación Gesoc, la propuesta social –al menos, en esos proyectos– es viable considerando que este gasto en 2018 representó 870,000 MDP. Sin embargo, dice que si el futuro gobierno piensa incrementar estos recursos y, al mismo tiempo, reducir su ingreso por algunas otras medidas, es necesaria una reestructuración de los programas. “Tienes un gobierno que quiere incrementar el gasto social y reducir los ingresos, entonces, debe hacer una tala de programas sociales, reducirlos a su mínima expresión”, dice González. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tiene registrados al menos 58 programas sociales duplicados, lo que representa una carga económica de 619,000 MDP al año. Por lo anterior, el Gesoc propone reducir los 150 programas que existen actualmente a 70 u 80, como máximo. El futuro presidente ha señalado que tan sólo con la implementación de su programa de austeridad se podrá financiar el gasto social, pues se recuperarían 500,000 MDP, pero el futuro subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, ya ha señalado que de no lograr los ahorros suficientes, habrá ajustes a los alcances de los programas. Por lo pronto, ya han aclarado que el aumento al programa de adultos mayores será sólo a partir de los 68 años. “Ningún ahorro en la administración pública daría recursos suficientes para llevar a cabo todo”, señala el economista Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). “Tiene que abandonarse la idea de seguir sumando programas sociales y recursos, en lugar de eso, hay que replantear la política social pensando en derechos universales”. No obstante, advierte que para tener un sistema de protección universal se requiere al menos 2.4% del PIB, por lo que necesariamente se debe pasar por una reforma fiscal.
SON PROGRAMAS INTUITIVOS. NADA NOS DICE QUE HAYA EVIDENCIA TÉCNICA ROBUSTA Y SUSTENTADA DE QUE SEAN LA MEJOR MANERA DE USAR EL DINERO PÚBLICO. Alejandro González, director general del Gesoc.