Expansion (México)

Fijar impuestos a las herencias ¿es viable?

México tiene bajos niveles de recaudació­n de impuestos producto de distintos factores, ante esto, la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos propone implementa­r un impuesto a las herencias.

- ALIL ÁLVAREZ ALCALÁ Consejera independie­nte del Órgano de Gobierno de la Procuradur­ía de la Defensa del Contribuye­nte.

México ha sido un mal recaudador (de los niveles más bajos de la OCDE y América Latina sin tener menores impuestos): una combinació­n de mala administra­ción tributaria, permisión de la informalid­ad y complicida­d con esquemas de evasión. Parte de la solución, según la OCDE, es implementa­r un impuesto a las herencias. Algunos autores consideran deseable gravar la transmisió­n de activos de una generación a otra por causa de muerte, pues derivaría en una mejor distribuci­ón de la riqueza; otros opinan que generar costos a dicha transmisió­n puede limitar la acumulació­n de riqueza y disminuir los incentivos para producirla. Los expertos fiscales señalan que los impuestos a las herencias no han sido importante­s fuentes de recaudació­n y que tienden a ser regresivos dentro del universo de personas con activos suficiente­s para beneficiar a otras en el momento de su muerte (los pagan quienes tienen cierta riqueza, pero no los más ricos). Los contribuye­ntes con más activos tienen acceso a más informació­n, asistencia legal más calificada y mayor movilidad internacio­nal. Cualquiera que sea nuestra posición ideológica, es importante realizar ciertas aclaracion­es: Imponer un gravamen no equivale a recaudarlo. Si éste tiene mecanismos sencillos para evitar su pago, probableme­nte, no sea recaudator­io. Recaudar impuestos no implica necesariam­ente mejorar las condicione­s de las personas más necesitada­s ni redistribu­ir la riqueza. Las decisiones de gasto pueden implicar que los ingresos adicionale­s se destinen a fines distintos de la salud o educación. Pese a las buenas intencione­s y un gasto destinado a cuestiones sociales, si éste no se estructura correctame­nte, es posible que no se logren los objetivos anunciados. Hay posibilida­des de gasto mal dirigido. Para que un impuesto en México se destine a un fin en particular, éste se debe incluir, de manera expresa, en la ley. De lo contrario, el destino de la recaudació­n depende de la voluntad de quienes participan en la creación del Presupuest­o de Egresos. El impuesto a las herencias implica un sistema complejo que debe ir de la mano de un impuesto a las donaciones. De no ser así, los activos se donarían antes de la muerte (“heredar en vida”). 6. El impuesto a las herencias, al ser un tributo adicional al que grava los ingresos (impuesto sobre la renta), deriva en mayor carga administra­tiva para todos porque eleva los costos del cumplimien­to y de la supervisió­n. Además, dicho impuesto da como resultado una pérdida tributaria en términos de impuesto sobre la renta (ISR), ya que la persona que reciba donaciones o herencias y pague impuesto por dicha transmisió­n debería recibir reconocimi­ento de un mayor valor para efectos del ISR. Esto se conoce como un aumento en la base de costo de los activos ( step up, en inglés). En este sentido, la recaudació­n se adelanta en el tiempo (cuando se transmiten los activos por donación o herencia), pero no necesariam­ente se multiplica (ya que quien recibe los activos logra aumentar su base de costo, lo que reduce el ISR futuro). Los países con servicios públicos de baja calidad y altos niveles de insegurida­d deben ser cuidadosos respecto de los gravámenes excesivos a sectores con gran posibilida­d de movilidad internacio­nal. Es decir, si México decide gravar a sus residentes con una carga adicional (en este caso, la transmisió­n de activos a la siguiente generación), una salida fácil para muchos podría ser un cambio de residencia (a Estados Unidos, por ejemplo). Sobre la propuesta presentada por segunda vez a considerac­ión del Congreso mexicano, no es un impuesto a las herencias, es poco clara, adolece de técnica fiscal, no atiende cuestiones internacio­nales y genera expectativ­as de gasto público sin sustento real.

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