UNA PIEDRA EN EL ZAPATO
El regreso de Napoleón Gómez Urrutia a escena y los cambios políticos ensombrecen el camino de la minera.
SSe dice que donde hubo fuego, cenizas quedan y Grupo México no podría estar más de acuerdo. La empresa ha vivido una tórrida relación con uno de los líderes sindicales más controvertidos de los últimos tiempos, Napoleón Gómez Urrutia, quien regresó a México de su autoexilio con un escudo al frente: como senador y dispuesto a ir con todo contra sus viejos enemigos. El cambio de gobierno le cayó como un balde de agua fría al sector minero, en especial, a Grupo México, que dirige Germán Larrea. Para empezar, Gómez Urrutia, conocido por sus posturas contra la minería, se presentó como senador de Morena, responsable de proyectos que preocupan a la industria: una iniciativa a la Ley Minera y cambios en el Fondo Minero. El regreso del exlíder sindical revivió viejos rencores. En 1990, cuando Grupo México compró Minera de Cananea –hoy Buenavista del Cobre,
subsidiaria del grupo–, ésta tenía adeudos con los trabajadores. Por ello, creó un fideicomiso para pagarles, pero los 55 millones de dólares nunca llegaron a sus manos y se acusó a Gómez Urrutia –quien era dirigente del sindicato– de malversar los fondos. Éste lo negó y señaló, a su vez, a Grupo México por malos manejos, pero ante las acusaciones que pesaban sobre él, huyó a Canadá. Ahora, se perfila para la titularidad sindical en la mina, la más importante de Grupo México y una de las más grandes en cuanto a reservas de cobre a nivel mundial. Éste es uno de los principales riesgos que hoy enfrenta la empresa, según Rodrigo Garcilazo, analista del sector minero en GBM y quien lleva más de una década dando cobertura a la firma. Pero que se materialice depende de varios factores. El principal es que se presente la demanda por la titularidad sindical ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que ésta lo acepte. Aún no lo hace y el plazo está por vencer. Y los trabajadores deben respaldarlo. “Al parecer no cuenta con el apoyo, pero el pronóstico es reservado, porque puede llegar con un discurso positivo, diciendo que Andrés Manuel López Obrador está de su lado”, dice Garcilazo. Si Gómez Urrutia se hace del sindicato de Buenavista del Cobre, los planes de inversión y la operación de la mina podrían quedar en entredicho. Y esto complicaría el panorama para la empresa.
JUEGO POLÍTICO
La firma tiene dos grandes proyectos en la mira: Tía María, en Perú, y El Arco, en Baja California. Para la primera sólo se espera la aprobación de la licencia para su construcción y todo parece indicar que las autoridades le darán luz verde, confía el analista de GBM. En Baja California, las cosas se ven un poco más complicadas por las condiciones políticas actuales. A mediados de noviembre pasado, Morena presentó una iniciativa para reformar la ley minera, que propone una mayor regulación a las actividades de la industria y da la facultad a la Secretaría de Economía de cancelar concesiones en zonas inviables de explotación o en conflicto por un impacto social negativo. La noticia puso de nervios a los inversionistas y se reflejó en el precio de las acciones de Grupo México, que llegaron
La empresa tiene un as bajo la manga: su división de transporte. Ya se han perfilado cuatro terminales de combustible junto a sus vías.
a caer más de 10%. Por ahora, la empresa puede respirar tranquila, porque la propuesta se bajó del Congreso, luego de que Angélica García Arrieta, senadora de Morena –quien presentó la iniciativa–, falleciera en diciembre. Las autoridades han comentado que no se prevén modificaciones a la ley en el corto plazo, pero lo que sí es un hecho es el cambio en la repartición del Fondo Minero, creado en 2014 y que recauda 7.5% de la utilidad operativa de las mineras para otorgarlo al desarrollo de las comunidades cercanas a los yacimientos. El monto era proporcional a la participación en la producción y un comité conformado por integrantes de la federación, del Estado, municipios, empresas y de la comunidad proponía y aprobaba las obras a realizarse con ese dinero. Una de las localidades beneficiadas con este fondo es Nacozari, en Sonora. Gracias a él, sus 13,000 habitantes cuentan con un centro comercial, cine, casa de la cultura e instalaciones deportivas. Aquí, se ha llegado a un acuerdo entre gobierno y empresa: las autoridades destinan los recursos del fondo a la mejora de la infraestructura pública y Grupo México se encarga de su operación, pagando a los profesores que dan las clases u otorgando los materiales necesarios para realizar las actividades. Hasta ahora ha funcionado y los habitantes se muestran contentos, pero esto cambiará. Ahora, el dinero será repartido directamente a la población a través de tarjetas de apoyo. “Ya no va a haber esta mejora para tener una infraestructura digna. El impuesto minero ayudaba a darle solución a problemas básicos como
abastecimiento de agua, y ahora ese dinero va a ser individual. Lo que tenemos que hacer es pensar como un colectivo y no gastar ese dinero en cervezas o en una pantalla, y mejor en algo que tenga trascendencia para la comunidad”, dice Sergio Villa, subgerente de Desarrollo Comunitario de la mina La Caridad, de Grupo México. El gobierno federal decidió ejercer, de forma directa ese fondo –que, en 2017, sumaba más de 3,700 millones de pesos–, bajo el argumento de que se distribuya con transparencia y de forma más equitativa, pero, para Brenda Rogel, socia del despacho de abogados Hogan Lovells, ésa no es la solución. “Están quitando de intermediarios a los comités para que esos recursos lleguen de manera directa a las comunidades, pero sigue siendo lo mismo: mientras no tenga suficientes reglas, claridad en cómo se distribuyen, con base en qué, cómo se destinan y cómo se aprueban los proyectos, los temas de transparencia como el problema de la distribución van a continuar”, dice. A nivel local, hay otros temas que causan debate, como los impuestos ecológicos. En febrero, la Suprema Corte de Justicia falló a favor del estado de Zacatecas para que pueda establecerlo. Esto abre la puerta a que otros estados puedan aplicar esta contribución. La industria está preocupada por la cantidad de iniciativas presentadas. La Cámara Minera de México (Camimex), que agrupa a 93% de las empresas mineras en el país, señala que ha estado en contacto con funcionarios y con senadores y les ha externado su “preocupación” ante la posibilidad de que surjan situaciones que tengan como sustento criterios erróneos y partan de supuestos “que, en algunos casos, están alejados de la realidad”. La falta de certidumbre jurídica desincentiva la inversión, que ha ido a la baja en una industria que perdió parte de su atractivo. Según el último informe anual de la Camimex, elaborado en 2018, la inversión nacional en la industria minero-metalúrgica fue de 4,300 MDD, 46% menos que hace cinco años. Los dimes y diretes políticos también han afectado el ánimo de los inversionistas. En 2018, el precio de los títulos de Grupo México acumuló una caída de 38%. Pero en el mercado, casi siempre todo lo que baja en algún momento sube y un consenso entre 22 analistas de Bloomberg estima que, para el cierre de 2019, el precio de su acción alcance los 55 pesos, un alza potencial de 37%. Roma no se hizo en un día y tampoco Grupo México. La empresa tiene casi 130 años en el negocio y su fortaleza está en algo más tangible: sus proyectos, clave en las proyecciones positivas de los analistas. En menos de cinco años, la firma de Larrea ha aumentado 26.5% su producción de cobre, al pasar de 792,463 toneladas a 1,002,620 toneladas y se espera que, para 2027, se llegue a los casi dos millones. Para lograrlo, trabaja en varios proyectos en México, Perú y Estados Unidos, con una inversión total de más de 8,300 millones de dólares al cierre de 2027. Entre los planes se encuentra el reinicio de operaciones en la mina San Martín, en Zacatecas; la construcción de una concentradora en Buenavista del Cobre, la construcción de una mina a tajo abierto en Pilares, Sonora; la expansión de Toquepala y la construcción de la mina Tía María, ambas en Perú, entre otros. Estos proyectos colocarían a la firma como la tercera más grande del mundo, asegura Garcilazo. Además, cuenta con reservas de cobre para más de 50 años y es una de las mineras con el costo de extracción más bajo: 1.15 dólares contra 1.45 del promedio de la industria, de acuerdo con la consultora Wood Mackenzie. Y podría bajar aún más, hasta 1.05 dólares en 2023. La compañía tiene otro as bajo la manga: el tren. Según un análisis de JP Morgan, la estrategia que tiene su subsidiaria Grupo México Transportes con el gobierno de López Obrador es favorable. La firma levantó la mano para apoyar al gobierno con el transporte de combustible y ya se han perfilado cuatro terminales de combustible pegadas a su vía. Así, aunque la incertidumbre por el rumbo de las políticas ha afectado las acciones de la empresa, su salud financiera es sólida, y su diversificación (con las unidades de transporte y los proyectos de energía) deberá apoyar el crecimiento hacia adelante, confían los especialistas.