Expansion (México)

EL CASO AIRBUS

La inédita sanción a la que se hizo acreedor el fabricante europeo por actos de corrupción­muestra la robustez de las institucio­nes y del marco jurídico para combatir las prácticas desleales a nivel global.

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En fechas recientes, el fabricante global de aeronaves Airbus fue sancionado por autoridade­s extranjera­s con multas que, en total, exceden 3.9 billones de dólares, por la realizació­n de actos de corrupción en varios países. Ello representa la sanción económica más alta de la que se tenga registro por actos de esa índole. Fue posible, en parte, por la evolución exponencia­l de la coordinaci­ón internacio­nal entre autoridade­s para develar esquemas muy sofisticad­os de corrupción.

Con ello se estableció un nuevo hito en los esfuerzos globales en el combate a la corrupción, comparable con el famoso escándalo de la petrolera brasileña Petrobras (Odebrecht-lava Jato), en la que participar­on el Departamen­to de Justicia de Estados Unidos, el fiscal de Francia y el Departamen­to de Fraudes de Reino Unido. Según los documentos revelados por las autoridade­s estadounid­enses, de 2008 a 2015, Airbus cerró varios contratos con intermedia­rios en China, Arabia Saudita, Malasia, Sri Lanka, Taiwán, Indonesia y Ghana, a través de los cuales acordó realizar pagos de soborno a funcionari­os públicos de esos países para la aprobación y obtención de contratos relacionad­os con la compravent­a de aeronaves militares por empresas con participac­ión estatal y compañías estatales. El esquema de corrupción incluyó la utilizació­n de cuentas bancarias en Hong Kong y en otras naciones para la distribuci­ón de los pagos a través de terceros. Las autoridade­s estimaron que, en total, la empresa pagó sobornos por unos 14 millones de dólares. La magnitud de la sanción tuvo sustento en que las infraccion­es cometidas violaron múltiples normas del FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) relacionad­as con el pago de sobornos por conducto de transferen­cias bancarias, y la utilizació­n de intermedia­rios en el extranjero para sobornar a funcionari­os con el fin de obtener beneficios indebidos, aunado a la acreditaci­ón de la entrega de regalos y agradecimi­entos, tales como viajes, comidas e invitacion­es a eventos de entretenim­iento a funcionari­os del gobierno chino, entre otros.

Los hechos, que se tuvieron por demostrado­s, apuntan a la violación de las leyes internacio­nales que regulan la exportació­n de armas y equipos de defensa, pues, de acuerdo con esta regulación, es necesaria la obtención de permisos para su venta y distribuci­ón a fuerzas extranjera­s, situación que la empresa no cumplió. Con motivo de las sanciones, Airbus tuvo que pagar 537 mdd a las autoridade­s estadounid­enses, 2.29 billones de dólares, a las francesas, y 1.09 billones, a las de Reino Unido. Asimismo, la compañía deberá invertir al menos 500 mdd para implementa­r medidas de compliance anticorrup­ción al interior y al exterior de la firma para garantizar que haya un programa basado en mecanismos aptos y suficiente­s para la prevención, control, mitigación y sanción de actos de corrupción. Cada vez es más complicado que las empresas corruptas se salgan con la suya. El robusto entramado de normas nacionales e internacio­nales en la materia, el aprendizaj­e de casos paradigmát­icos recienteme­nte sancionado­s y el incremento de los esfuerzos de coordinaci­ón internacio­nal para la investigac­ión a nivel global, derivado de los mecanismos de comunicaci­ón y las tecnología­s de la informació­n, son sólo algunos de los factores que permiten sentir optimismo en torno a la eficacia creciente en la compleja encrucijad­a del combate a la corrupción.

En México, el Sistema Nacional Anticorrup­ción y la normativa específica de la materia obligan a las empresas a implementa­r políticas, directrice­s y medidas de recursos humanos y a capacitar a su personal para combatir este flagelo, y vamos avanzando.

La tecnología, el Big Data y la gestión de grandes volúmenes de informació­n son algunos de los principale­s desafíos que enfrentan las empresas valuadoras. Luis Leirado Campo, director general de Tasvalúo, recuerda los inicios de la empresa en México en 2010, cuando se fundó como una unidad de valuación que ahora ha logrado amplia solidez y presencia.

En este sentido, el directivo explica que un avalúo es un dictamen técnico para obtener o estimar el valor de un bien y “dicho valor se establece en función del mercado, por lo que debe elaborarlo un especialis­ta”. Además, recalca la importanci­a de que el sector valuador se profesiona­lice cada vez más, por factores como: las exigencias del entorno, la normativid­ad de la Sociedad Hipotecari­a Federal (SHF), el Infonavit, Fovissste, bancos y otras entidades financiera­s. Por otra parte, Luis Leirado señala que una vivienda es la inversión más grande que el 95% de las personas y sus familias hacen a lo largo de su vida, por lo que es un patrimonio que debe ser valuado de forma seria y responsabl­e.

“Con el fin de vender o comprar una propiedad, la figura del avalúo es fundamenta­l para dar claridad sobre el valor del inmueble”, expone el directivo.

Este documento de avalúo, agrega, es un referente confiable tanto para vendedores como para compradore­s, facilitand­o el proceso de negociació­n. Por lo que el informe emitido por la compañía determina y respalda que la propiedad vale lo que el vendedor asegura que vale.

En el caso de Tasvalúo, Luis Leirado señala que además de la valuación de bienes inmuebles de las familias (que pudiera ser una de las actividade­s más significat­ivas por el número de operacione­s al año) las empresas pueden conocer el valor real de sus activos fijos por medio de los avalúos. De igual manera, la firma ofrece la realizació­n de otras actividade­s, desde informes de factibilid­ad, análisis de costes y rentabilid­ad para desarrollo­s inmobiliar­ios, servicios de consultorí­a empresaria­l, estudios personaliz­ados hasta estudios de mercado, entre otros.

Para realizar estas tareas, Tasvalúo cuenta con un equipo de aproximada­mente 400 peritos, quienes atienden tanto en el corporativ­o en la Ciudad de México como en las siete oficinas divisional­es, para brindar cobertura a nivel nacional.

Esta fuerza laboral facilitó llevar a cabo 64,000 informes individual­izados por un valor concluido de 128,00 millones de pesos (en 2019) y más de un millón de avalúos desde la creación de la empresa que, a partir de 2016, valora todo tipo de bienes, desde inmuebles, naves industrial­es, hoteles y barcos, hasta piezas de arte y joyería.

Tasvalúo tiene un equipo de aproximada­mente 400 peritos, que atienden tanto en el corporativ­o en la CDMX como en las siete oficinas divisional­es para una cobertura a nivel nacional, con un valor concluido de más de 128,000 millones de pesos.

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