LA DEMOCRACIA EN JAQUE
El COVID-19 ha modificado por completo las dinámicas personales, sociales y laborales. De manera abrupta paralizó al mundo. Eventualmente, se resolverá el problema, pero hay incertidumbre sobre cuándo sucederá y qué tan profundos serán sus efectos. Nuestra realidad no será similar a aquella que dejamos hace unas cuantas semanas. Ello representa múltiples retos para México que pondrán a prueba nuestras capacidades de reacción y adaptación. Entre otras cosas, enfrentaremos el escenario económico más adverso que nuestra generación haya presenciado, aumentarán los índices de pobreza, desempleo y desigualdad social. Ese contexto también significa un gran desafío para nuestra democracia.
En abril cuatro consejeros del INE acabaron su encargo. La designación de sus sucesores fue interrumpida por la contingencia sanitaria, por lo que funcionará incompleto hasta nuevo aviso. Si bien existen mecanismos para asegurar su desempeño, el hecho preocupa si se considera que está en puerta la elección más grande de nuestra historia, la del 2021. Hoy tenemos una autoridad mermada en su funcionamiento óptimo. La conformación diversa y plural de comisiones de consejeros electorales para temas estratégicos se complica si faltan cuatro. Además, hay temas relevantes que pueden ser votados, como la organización del proceso electoral federal, la resolución de quejas en materia de fiscalización y procedimientos ordinarios sancionadores pendientes, o el proceso de obtención de registro de nuevos partidos políticos. La contingencia sanitaria ya provocó la suspensión de una elección ordinaria, en Coahuila e Hidalgo. Están pendientes los plazos y condiciones de su reanudación, pero habrá que analizar con lupa que ello se ejecute a partir de reglas claras, justas y conocidas. La crisis sanitaria no puede ni debe ser pretexto para generar desequilibrios en la contienda electoral.
Debe prestarse especial atención a las repercusiones de la crisis sanitaria en las elecciones de 2021. Nuestras elecciones dependen de la autonomía de la autoridad electoral. El presupuesto del INE fue reducido 1,000 millones de pesos este año. Al margen de su validez jurídica, puede esperarse una nueva reducción de su presupuesto ante a un escenario más adverso. Ello pondría en duda su capacidad de garantizar que la elección satisfaga estándares mínimos de calidad. Otros temas que se asoman son la posible reducción del financiamiento público de los partidos políticos; la modificación del modelo de administración de los tiempos en radio y televisión; la regulación pendiente sobre la reelección legislativa, y el incremento de beneficios de programas sociales de entrega directa a la población.
Todo lo anterior debe analizarse con sensibilidad y empatía, dadas las circunstancias, pero sin sacrificar el principio de equidad en la contienda, que constituye el baluarte de una democracia constitucional. El gobierno, los partidos políticos, sus potenciales candidatos y las organizaciones de la sociedad civil deben encontrar soluciones técnicas que armonicen la nueva realidad con nuestros ideales democráticos. De lo contrario, el coronavirus habrá arrasado también con nuestra democracia.