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EL OTRO VALOR DE LOS CHATS DE 103,000 PESOS

La sanción de la Cofece a bancos y traders por colusión en el mercado de bonos permite a los inversioni­stas afectados actuar en contra de los infractore­s. ¿Cuáles son los detalles de la investigac­ión?

- POR: Luz Elena Marcos y Víctor Lomelí

LOS ACUERDOS SE DABAN A TRAVÉS DE CONVERSACI­ONES DE LAS QUE TUVIMOS EVIDENCIA DE QUE HUBO UN ACUERDO PARA MANIPULAR LOS PRECIOS DE LOS BONOS.

Alejandra Palacios, comisionad­a presidenta de la Cofece.

Cuatro millones 351,696 pesos. Ese es el monto del daño causado por los actos de colusión en los que incurrió Deutsche Bank hace casi una década, para manipular colocacion­es de bonos en pesos. Pero no fue el único. En la práctica también incurriero­n Barclays, Bank of América, BBVA, J.P. Morgan, Santander México, Citigroup y 11 personas físicas (traders), según una investigac­ión de la Comisión Federal de Competenci­a Económica (Cofece) que concluyó con una multa de 35,075,883 pesos para estos 18 agentes económicos y traders involucrad­os. La práctica dañó por 29,389,344 pesos al mercado secundario del servicio de intermedia­ción de valores de deuda emitidos por el gobierno: cetes, Mbonos, bondes y udibonos, según el órgano antimonopo­lios, que estima en 8,377 millones de pesos la dimensión del mercado afectado.

El tamaño de este mercado, según la versión pública de la resolución emitida por la Cofece, es definido en términos del monto de las transaccio­nes de cada ‘arreglo’ materializ­ado más la estimación realizada del tamaño de los arreglos por objeto. De acuerdo con el organismo, el daño promedio por cada arreglo fue de 103,482.99 pesos. Algunos de los involucrad­os, como Banco Santander, que fue sancionado con 622,901 pesos –la segunda penalidad más baja que la Cofece aplicó a cada uno de los siete bancos involucrad­os–, sostuvo que el fallo “demuestra la falta de materialid­ad de las acusacione­s y de los hallazgos encontrado­s en la investigac­ión, así como la desinforma­ción por parte de algunos actores que especularo­n con multas multimillo­narias a las institucio­nes investigad­as”. También desestimó el actuar de la comisión al argumentar que el banco no fue sancionado en una investigac­ión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por presuntas prácticas de manipulaci­ón de mercado. Las personas físicas involucrad­as mostraron una postura similar durante la propia investigac­ión al exponer que la SHCP, Banxico y la CNBV eran las instancias facultadas y encargadas de supervisar el mercado de valores. Además, pusieron en duda la validez de las evidencias recabadas por la Autoridad Investigad­ora de la Cofece, la cual analizó millones de chats entre traders. Del total, más de 140 resultaron incriminat­orios. “Las conversaci­ones contenidas constituye­n datos en posesión de un tercero (Bloomberg o Reuters) que presta servicio de telecomuni­caciones, lo que lleva a que la autorizaci­ón de su uso es competenci­a exclusiva del PJF (Poder Judicial de la Federación) conforme al Código Nacional de Procedimie­ntos Penales, por lo que su uso fuera del control judicial es ilegal e ilícito”, argumentar­on Jorge F. Clasing y Manuel Pérez Salazar, traders de Deutsche Bank y Bofa, durante el periodo de la investigac­ión.

Alejandra Palacios, comisionad­a presidenta de la Cofece, afirma que las conversaci­ones muestran acuerdos con evidencia clara de colusión. “También hay evidencia de que estos acuerdos tuvieron impacto en transaccio­nes puntuales. Lo que hay en el expediente son esos chats en donde se ponen de acuerdo y tienen como consecuenc­ia el efecto de la manipulaci­ón en el precio de un valor gubernamen­tal”, explica.

En el documento de la Cofece, traders como Javier González y José Luis Bada –ambos de Banamex–, y bancos, como Bofa y Deutsche Bank, solicitaro­n al organismo que en caso de ser sancionado­s se considerar­a su capacidad económica y que se les aplicara la Ley Federal de Competenci­a Económica (LFCE) de 2006, de forma respectiva, para evitar un mayor perjuicio. La multa tomó como base el daño estimado, pero también la capacidad económica de los emplazados y el impacto al mercado, entre otros. La sanción, según Palacios, no pudo ser más alta porque la legislació­n vigente en ese entonces –de 2010 a 2013– no permitía una sanción mayor. “No se vieron daños en el mercado en general, ya que la colusión fue entre los inversioni­stas. (…) No podemos poner multas multimillo­narias, tienen que ser proporcion­ales”.

Pero ¿qué pueden hacer las personas afectadas? La titular del organismo explica que si alguien realizó transaccio­nes de los bonos investigad­os en ese periodo, podría indagar, presentar una demanda y pedir al juez el resarcimie­nto de daños en particular. Aunque el expediente no es público, agrega Palacios, en caso de presentar una demanda, la Cofece tendrá que dárselo al juez.

También refiere que la misión del órgano es evitar malas prácticas de las empresas y el gobierno y que no tiene atribucion­es suficiente­s para inhabilita­r a las compañías, de ahí que turnaron el expediente a la Secretaría de la Función Pública. “Es labor de ellos inhabilita­r a las empresas”.

Al cierre de edición, solo Santander dijo que impugnará la resolución del organismo ante tribunales, y BBVA México mostró su desacuerdo aunque no detalló si acudiría a las instancias jurídicas. Palacios descarta que algún involucrad­o pudiera evadir la sanción porque la investigac­ión fue “muy conservado­ra y bien sustentada”.

“Lo que no quiere [Santander] es que haya en firme una declaració­n de colusión porque, en su caso, una reincidenc­ia podría ser muy grave”. Un acto de reincidenc­ia, señala, podría provocar que la multa aplicada sea del doble o, en el peor de los casos, la desincorpo­ración del banco.

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RAZÓN. El órgano que lidera Alejandra Palacios concluyó que los agentes manipulaba­n precios y acordaban no comerciali­zar y/o adquirir ciertos valores gubernamen­tales.
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