“SE PARTIÓ DE FALSEDADES”
Graham Zubia, abogado de Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) y quien también habla en nombre de Laboratorios Solfrán y Lomedic, lamenta que la titular de la Secretaría de Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, haya basado sus acusaciones en contra de estas empresas en suposiciones que no se pudieron probar en los tribunales. “Esto que pasó fue únicamente chisme, sobreexposición, lo que estudian los tribunales es si se cumplió con lo que establecen las leyes y se comprobó que los elementos que consideró la Función Pública para iniciar los procedimientos de sanción no eran suficientes. Lo que ellos quisieron dar a entender no era cierto y partieron de falsedades, ese fue su problema”, señala en entrevista.
Zubia subraya que el hecho de que la funcionaria relacionara los tres corporativos con el exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, ha dañado a las empresas, pues asegura que se demostró que, para entonces, el político ya no tenía participación en ellas y que así, “tumbaron” los procesos de la SFP en los tribunales.
En el caso de Abisalud, el abogado señala que se demostró que en el proceso licitatorio de 2015 (por el cual se inició la sanción) no se mintió al presentar una carta donde se manifestaba que ningún socio de la empresa era servidor público, como lo aseguró la dependencia. Zubia explica que la SFP argumentó que la carta no debió firmarse porque Lomelí era administrador de ella.
“La ley de adquisiciones dice que no pueden suscribir contratos si alguien que sea parte de la empresa es funcionario público, pero la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que únicamente son parte de la empresa los socios, no los administradores”, subraya. Con ello, promovieron un amparo en contra del inicio del procedimiento y les otorgaron una suspensión para efectos de que la SFP no resolviera el procedimiento. Sin embargo, asegura que la SFP violó esta orden y entonces promovieron un incidente de suspensión. Hoy, Abisalud no está inhabilitada oficialmente. Lo mismo, explica, pasó con Lomedic y Solfrán, donde Lomelí también fue administrador. La autoridad les inició un procedimiento y la defensa hizo las mismas observaciones que con Abisalud; con la primera se echó abajo el procedimiento y con la última se logró una suspensión a la sanción económica impuesta. opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social del IMSS, pero, de acuerdo con la autoridad, eso nunca aconteció. La sanción fue impuesta el 21 de febrero de 2020 y obtuvo una inhabilitación de un año, pero seis meses después, recibió un contrato con Caminos y Puentes Federales, por 11,752,000 pesos.
Por su parte, Servoil SA de CV, compañía dedicada al mantenimiento de elevadores, celebró un contrato en 2019 con la Secretaría de Cultura; sin embargo, nunca cumplió con el servicio. Fue inhabilitada el 16 de enero de 2020 por un año, pero el 8 de abril, es decir, tres meses después, recibió un contrato por 225,000 pesos con el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Finalmente, la otra empresa beneficiada a pesar de incumplir las condiciones de un contrato es Valuación Operativa y Referencias, que, según su propia página de internet, ofrece “servicios integrales de cálculo, información, análisis y riesgos”.
El 9 de julio de 2019 se publicó una resolución en la que la SFP la multaba por 30,804 pesos por no formalizar un contrato. Desde enero hasta mayo de 2020 recibió seis contratos con el IMSS, Banobras, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Fideicomiso de Fomento Minero, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por 3,790,000 pesos.
PROBLEMA ESTRUCTURAL
A decir de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, desde hace años se dieron cuenta de que la SFP tenía un problema estructural que han venido platicando con cada secretario de esta dependencia para saber qué porcentaje de las investigaciones que se abren llegan a una sanción y cuántas de las que aplican quedan activas.
“Hay una gran expectativa de que existan resultados concretos, por lo que imponen las sanciones y multas, pero una vez que los revisa, el Poder Judicial no le da la razón a la SFP y las empresas retoman su derecho de participar en procedimientos de gobierno y las multas no llegan a cobrarse. Es un problema que hemos señalado por muchos años”, señala Bohórquez. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, considera que uno de los problemas radica en que hace falta una plataforma digital de contrataciones, para que los funcionarios no puedan enviar invitaciones a los procesos de licitación a empresas inhabilitadas. “Como no tenemos una buena plataforma, muchas veces hay errores de gestión. La plataforma permitiría automatizar muchos procesos”, expresa. Campos lamenta que, hasta hoy, todo se haga en papel y sin permitir una gestión efectiva.