UN AHORRO MUY CARO
La propuesta de eliminar los organismos autónomos para reducir el gasto federal parte de dos ideas discutibles: que sus funciones las puede absorber una secretaría de Estado y que no habría consecuencias negativas económicas o de otro tipo al hacerlos desaparecer. La historia reciente del país muestra abundancia de abusos en los procesos electorales, el manejo de información oficial, la competencia o el mercado de telecomunicaciones y medios electrónicos que nos ha dejado un país con serias inequidades, largos periodos de escasa inversión en sectores estratégicos y con una enorme corrupción.
La captura del Estado por parte de grandes compañías o por intereses no alineados con los de la mayoría de los mexicanos fue una realidad desde la Revolución Mexicana. La creación de organismos reguladores con responsabilidades ajenas a la agenda gubernamental, criticada por algunos por un posible déficit democrático, responde a la realidad de un país que no ha logrado establecer un servicio profesional de carrera y una burocracia profesional con sistemas adecuados de control. La existencia de estos organismos responde, además, a criterios técnicos: ningún secretario va a compartir información voluntariamente de una compra mal hecha o de una matanza que muestra un error de estrategia; ningún secretario de Energía tomará una decisión que dañe a Pemex. La independencia del organismo de transparencia es esencial para tener un país mejor. En el caso de los reguladores de sectores económicos, su existencia evita, en principio, que un campeón nacional (América Móvil, Televisa, Azteca, CFE, Pemex) o las empresas dominantes en los mercados de alimentos, comercio minorista, tecnología o cualquier otro, abusen de sus ventajas frente a otros competidores que podrían innovar e invertir, generando crecimiento y desarrollo. El neoliberalismo y el neoporfirismo que critica el presidente López Obrador defienden un Estado y una regulación mínimos. Paradójicamente, la extinción de estos organismos surgidos de la segunda generación de reformas encaminadas a fortalecer el desarrollo, aumentará la desigualdad y el abuso por parte de la clase política y los grupos más poderosos (sindicales y empresariales) frente al consumidor. Hay ahorros que salen muy caros.