‘FÁCILMENTE POLITIZABLE’
María Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), enfatiza que tener un regulador respetable y estable garantiza inversiones que, al final, benefician al consumidor.
EXPANSIÓN: ¿Por qué importa el Instituto Federal de Telecomunicaciones?
ELENA ESTAVILLO: Es un regulador fundamental por la importancia que tiene el ecosistema digital en las actividades productivas, la educación, el acceso a la posibilidad de ejercer todos nuestros derechos. Porque es un regulador autónomo y eso le da un marco de independencia que sabemos que no puede ser absoluta, pero que genera más credibilidad, más confianza y más independencia en sus decisiones conforme a consideraciones técnicas. Y también porque es un regulador convergente, entonces está más adecuado a las necesidades actuales y futuras de este sector, que es complejo, porque ve tanto aspectos técnicos y de regulación económicas tradicionales, como cuestiones de competencia exclusivas para estas actividades, pero además porque tiene encomendada la protección de derechos humanos, como el acceso a internet y a la información.
“LAS RESPONSABILIDADES DEL IFT ESTÁN RELACIONADAS CON DIMENSIONES FÁCILMENTE POLITIZABLES, COMO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN. ELENA ESTAVILLO, excomisionada del IFT (2013-2019) y directora general de Centro-i.
E: ¿Qué perdería México si integran las funciones del regulador a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?
EE: Perderíamos un regulador que es un modelo a seguir para muchos países, particularmente para los de América Latina, debido a la certidumbre que ha generado al sector por tener una especialización técnica y conocimiento profundo de los temas, pero también por su arquitectura institucional porque puede ser un regulador dinámico y flexible que pueda responder a las condiciones muy cambiantes de este sector, ya que es un regulador convergente y está mucho más aislado de consideraciones políticas de las que tiene el Poder Ejecutivo. Creo que este aspecto es fundamental. Las responsabilidades que tiene encomendadas el IFT están relacionadas con dimensiones que son muy fácilmente politizables, como la libertad de expresión, el derecho a la información, la pluralidad. Y estos aspectos en manos de un Poder Ejecutivo que está mucho más cercano a la coyuntura política y electoral nos haría perder muchos pasos que ya hemos dado para tener una mayor separación en las decisiones técnicas de los intereses políticos.
E: Desde su creación, ¿cómo ha beneficiado el regulador a los consumidores?
ES: Cuando nació el IFT (2013), alrededor de 25% de la población tenía acceso a internet, hoy estamos en 75%. Se permitió dar la transición a la televisión digital, con lo cual ahora podemos hacer un uso mucho más eficiente del espectro que tenemos y que está asignado de una mejor manera para utilizar las frecuencias de servicios móviles. También hemos tomado muchas acciones específicas para impulsar la competencia con una comprensión especializada del sector, algo que no existía antes, porque ahora sí el regulador es autoridad de competencia. Entonces, el objetivo de impulsar la competencia ha invadido toda la acción del instituto y esto está directamente relacionado con la protección de los consumidores y de los usuarios, ya que, a mayor competencia, las empresas pueden acordar mejores precios y servicios, atender quejas de manera más rápida y con más cuidado. El IFT ha mejorado el acceso a la información para que los consumidores puedan tomar decisiones más conscientes respecto a las ofertas disponibles, les ha ayudado a reclamar cuando no reciben un servicio de calidad y a tener información precisa sobre las tarifas. También se facilitó la desaparición de cargos de larga distancia, lo cual provocó una baja generalizada de las tarifas.
E: ¿Qué papel juega el regulador en cuanto a la atracción de inversión a México? EE: Es fundamental. Tener un regulador con una acción sólida desde un punto de vista técnico, pero que también tenga una actuación transparente, responsable, de cierta manera predecible, en el sentido de que se ajusta a lo que señala la ley, al conocimiento técnico especializado, es fundamental para que las empresas se animen a invertir en el sector. Las inversiones en estas actividades pueden ser muy demandantes. Tanto en capital como en infraestructura se demandan muchos recursos, entonces, para que la iniciativa privada se anime a destinar este capital, tiene que tener una perspectiva de que en el mediano y en el largo plazos se va a seguir contando con un regulador que aplique la ley, los principios de equidad, justicia y competencia en el sector, que reduzca las barreras a la entrada, que proteja también la operación de los diferentes competidores con toda la variedad de servicios que se ofrecen y que todos tengan una entrada equitativa, así como posibilidades de hacer negocios innovadores y de proponer nuevos esquemas a los consumidores. Sin un regulador que esté al tanto y cuidando que exista esta base mínima de certidumbre, entonces no es posible hacer inversiones.