NO ES CULPA DE PRUDENCIO.
Él ha llegado puntual. Como todos los días, este técnico mecánico de más de 70 años, que dejó su oficio como pescador cuando le ofrecieron hacerse cargo de la central eléctrica de San Juanico, Baja California Sur, tomó su bicicleta, pedaleó hasta una de las partes más altas del pueblo y llegó a las cinco de la tarde en punto para arrancar la planta. Es el único que sabe hacerlo. Pero no había combustible y el pueblo se ha quedado a oscuras.
No es la primera vez que ocurre. La luz eléctrica a veces no llega a San Juanico, en ocasiones, por hasta 10 días, cuenta Prudencio, mientras busca qué hacer durante su horario laboral porque no ha podido echar a andar la planta. Barre el patio, quita el polvo a las máquinas, entra y sale del cuarto desde el que hace unos años operaba las turbinas eólicas y los paneles solares que daban luz al pueblo, pero que ya no sirven. La electricidad llegó tarde a San Juanico. En 1999 se instaló un proyecto híbrido para generar energía mediante sol, viento y una planta de diésel. Pero esta última, que solo se planeó como respaldo, es la única que aún funciona. “Yo nada más me acuerdo que ya no volvieron los de Comisión Federal (CFE), no sé si sea de ellos la planta. Yo sé que se la prestaron al pueblo, que el pueblo la opera y la maneja. Pero yo no sé más”, dice Prudencio.
De él y de la disponibilidad de diésel depende que San Juanico tenga electricidad unas horas al día, de cinco de la tarde a 10 de la noche. Debido a esta situación, el primero no puede salir del pueblo y nunca ha tenido vacaciones. El segundo, el diésel, escasea cada vez que el gobierno estatal o municipal retrasa el subsidio para su compra, como este día en el que Prudencio no pudo prender la planta.
Y este día, un sábado de noviembre, los habitantes del pueblo sufrieron las molestias: Jaime tuvo que salir más temprano a hacer sus compras antes de que la calle se quedara totalmente a oscuras, Arturo no pudo utilizar su lavadora y Gloria atendió su restaurante con un foco de emergencia que funciona con una batería privada.
Ante los registros oficiales, los habitantes de San Juanico sí tienen electricidad. Un oficio de la CFE al Congreso de Baja California Sur asegura que el 90% de la comunidad cuenta con energía eléctrica a través de “un generador de diésel propiedad del gobierno estatal y de paneles solares individuales”. Sin embargo, la central híbrida, que se ideó para dar electricidad a 117 casas, un día dejó de funcionar de manera constante. Cada familia de la comunidad desembolsó 2,000 pesos para su instalación y ahora pagan una cuota fija bimestral de 80 pesos si se trata de hogares o de 110 pesos si son un negocio, más el consumo que marque cada uno de los medidores, de los que Prudencio toma lectura para fijar el precio final del recibo.
“Fue algo muy bonito [cuando se instaló la planta], a lo mejor no íbamos a poder crecer mucho como pueblo, pero sí como personas. Ya podías tener tu alimento [en refrigeradores], hacer cosas por la noche, era muy bonito. Al principio nos sobraba mucha corriente, y como vimos que comenzó a funcionar, todos empezamos a comprar un freezer, una lavadora, electrodomésticos. El pueblo empezó a crecer también, rebasamos la capacidad de generación y de ahí vinieron los problemas. Dejó de funcionar primero el banco de baterías, después, el transformador, el inversor y así sucesivamente”, platica Ignacio Romero, el presidente del comité que administra la central y uno de los principales pescadores de San Juanico. “Los estadounidenses [que pusieron la central] empezaron a desinteresarse [del proyecto], al poco tiempo, la comisión y hasta el gobierno del estado”. Además, a los sistemas fotovoltaicos solo tienen acceso unos pocos, generalmente, los extranjeros y los grandes pescadores, quienes pueden desembolsar entre 70,000 y 100,000 pesos para la compra del equipo necesario para dotar de electricidad suficiente a una casa. La estadística oficial asegura que solo el 1% de los hogares mexicanos carece de acceso a luz eléctrica, de acuerdo con cifras de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Parece poco, pero son 352,000 hogares, cerca de 1.2 millones de personas. Y