EL SEXENIO DEL CAMUFLAJE
Según la RAE, hay dos significados del verbo camuflar: 1) disimular la presencia de armas, tropas, material de guerra, barcos, etc., dándoles apariencia que pueda engañar al enemigo, y 2) disimular dando a algo el aspecto de otra cosa. Ambas acepciones se ajustan perfecto a la actual administración porque hay un aumento brutal tanto en el número de miembros de las fuerzas armadas (y de sus actividades) como una permanente necesidad de ‘tener otros datos’ frente a incluso cifras oficiales del gobierno. La Guardia Nacional pasó a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con esto, se termina de liquidar la Policía Federal. El camuflaje –uniforme que usan tanto los militares como los miembros de la Guardia Nacional– es el nuevo Pantone de la seguridad interna del país. A pesar de que durante sus campañas para llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometía regresar el ejército a sus cuarteles y fortalecer las unidades locales de seguridad (las policías municipales y estatales), hoy hay más uniformados que en sexenios previos. “Cambié de opinión”, fue su descargo cuando mandó su propuesta de ley para pasar la Guardia Nacional a la Sedena, un trámite fast track en el que, de paso, le dio un golpe a la oposición priista.
A cuatro años de asumir la presidencia, lejos de desmilitarizar el país, se ha convertido en el funcionario que más facultades y recursos ha dado a las fuerzas armadas. Porque solo los militares que estaban en la Guardia Nacional pasaron al Ejército. Hay 23,000 miembros de la extinta Policía Federal que quedaron desempleados. La excusa de aumentar la presencia militar es debido a la espiral de violencia e inseguridad que no ha hecho más que crecer en lo que va del sexenio. Pero no solo le ha dado esta función, sino muchas otras (34 nuevas, para ser precisos) a la Sedena: desde la logística de las vacunas contra el covid-19, pasando por la construcción de aeropuertos y sucursales del Banco del Bienestar, la administración de las aduanas, el control de migraciones y hasta el control administrativo del Tren Maya y del corredor Transístmico. El presidente de los abrazos y no balazos camufló su mensaje: no habla de militarización sino de ‘pueblo uniformado’. AMLO, una persona que también ondeaba la bandera del respeto a los derechos humanos, olvidó (o camufló) datos que no dejan bien paradas a las Fuerzas Armadas. Según Amnistía Internacional, “los homicidios se han incrementado 218% entre 2006 y 2022; en
16 años han sido asesinadas más de 100 personas que ejercían el periodismo y más de 97% de las más de 105,000 personas desaparecidas ocurrieron a partir de diciembre de 2006”. De 2014 a la fecha, la CNDH ha recibido al menos 6,661 quejas por violaciones graves cometidas por la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional. Pero hay que ser claros (sin camuflaje): el Ejército no es policía, no debe reemplazar a la policía. La seguridad pública (quien vele por tu seguridad y por la mía) debe ser un corporación de mando civil porque la delincuencia es un asunto del ámbito social, no militar. Debe quedar claro que las funciones del Ejército son la defensa del territorio y de la soberanía nacional de ataques externos, instrumentar planes de emergencia en caso de desastres y actuar cuando la seguridad interior se encuentra amenazada. Y otra vez, no hay que camuflar seguridad interior con seguridad pública. La primera es la que amenaza el funcionamiento de las instituciones y no estamos en esa situación.
La narrativa oficial y diaria de ‘tenemos otros datos’, que ha chocado mil veces con números oficiales y comprobables, es una narrativa de camuflaje, de dar aspecto siempre de otra cosa. Esa narrativa de “es por el bien común” y de llenar de uniformados camuflados las calles del país para atacar un problema de delincuencia es también camuflar un problema que no logró controlar y una promesa de campaña que no dudó en romper.