FÉRREA FISCALIZACIÓN A LAS EMPRESAS… ¿AYUDARÁ?

El mundo necesita recursos para financiar los gastos extraordinarios que provocó la pandemia: infraestructura médica, personal y, desde luego, las vacunas. Otras naciones, además, deben subsanar sus cuentas públicas, que fueron afectadas por los paquetes de apoyo fiscal para amortiguar los efectos de la pandemia en su estructura productiva y laboral. ¿Y cuál es el camino más eficiente para resolver el mayúsculo reto, aun sabiendo que podría convertirse en un lastre para la recuperación? La respuesta es aumentar la recaudación, porque es la manera más directa de volver a surtir las arcas del gobierno. Y es por eso, por ejemplo, que la propuesta de un impuesto mínimo global para las corporaciones avanza y prácticamente es un hecho la aprobación generalizada de la iniciativa que promovió Estados Unidos. La homologación fiscal no sólo está dedicada a empresas tecnológicas, sino de todos los rubros; y, lejos de significar una carga para las compañías, la ven con buenos ojos, en el entendido de que evitaría la disparidad de tasas en los países donde opera. Pero este argumento no basta para creer que las firmas, sonrientes, aceptarán dicho gravamen. México también requiere elevar la recaudación, pero el gobierno actual parece estar decidido a cumplir con su promesa de no incrementar los impuestos o generar nuevos gravámenes y, en lugar de eso, apostar por una mayor eficiencia en el cobro de impuestos, que implica atajar las estrategias fiscales que muchas grandes empresas utilizan para disminuir al máximo sus contribuciones, y evitar no sólo la elusión sino la propia evasión fiscal. Y, si bien persisten muchos privilegios que a lo largo de los años acumularon diversos sectores de la economía, la intención de erradicarlos no sólo es una vía errónea, sino contraproducente. No, y no queremos defender la inequidad impositiva cuando se comparan dichos beneficios con los contribuyentes cautivos, sino que más bien se avance progresivamente en un marco fiscal donde, sin excepción, todos paguen lo que tienen que pagar, pero que sea mediante un proceso paulatino y con beneficios aparejados porque, de lo contrario, se provocaría el efecto contrario, es decir, más formas de evitar el pago correspondiente y una falta de incentivos para nuevas inversiones y proyectos que complicaría todavía más el panorama de las finanzas públicas y, lo más grave, la ansiada recuperación de la economía nacional.