De migrantes y abusos
Ante la crisis migratoria desatada en México desde el año pasado y acrecentada por las reiteradas invitaciones realizadas por
Andrés Manuel López Obrador,
cuando era candidato de Morena a la Presidencia y en sus primeros meses como presidente, los organismos de Derechos Humanos deben estar más que alertas en la zona fronteriza de Baja California, principalmente Mexicali y Tijuana.
Es de sobra conocido que tras la presión de Trump al gobierno de la Cuarta Transformación, las autoridades mexicanas a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el propio Presidente, buscan por todos los medios frenar la incontrolable migración de centroamericanos hacia la frontera Norte.
Entre las órdenes que dio Washington al Gobierno mexicano está impedir que lleguen los migrantes a la frontera y, claro, que no ingresen a territorio norteamericano.
Y como las órdenes se acatan, para empezar en el Sur del País el gobierno de López Obrador les ha ordenado a las empresas de transporte foráneo exigir documentación a quien aborde autobuses con destino al Centro del País.
Así que es posible que esa orden se gire al resto de los autotransportistas, lo que puede implicar que a quien busque viajar hacia los estados fronterizos del País se le exijan documentos, coartando el libre tránsito señalado en la Constitución Federal. Se debe recordar que en el trayecto hay varios retenes en los que a discreción los militares y policías podrían pedir documentos para detectar a migrantes indocumentados, prácticamente haciéndole la chamba a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Otro punto es que México se comprometió a buscar que no pasen la frontera en forma ilegal, pero aquí también se estaría violentando la garantía constitucional de libre tránsito, puesto que brincar el cerco fronterizo para salir del País no es ningún delito.
Ya si los gringos agarran a quien se brinque, allá sí es delito, pero las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales en Baja California no tienen por qué andar haciendo la chamba de "cazadores" de indocumentados.
Habrá que ver qué órdenes dan a sus corporaciones policíacas los todavía alcaldes de Mexicali, Gustavo
Sánchez Vázquez, y de Tijuana, Juan Manuel
Gastélum.
A ver si se quieren ir del cargo como defensores de migrantes o como violadores de garantías individuales y derechos humanos.
HOMICIDIOS IMPARABLES
Justo cuando la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal de
Tijuana, a cargo de Marco Antonio Sotomayor Amezcua, reiteró que los operativos entre autoridades federales y la Policía Municipal seguían dando resultados positivos en la disminución de homicidios, se registró una jornada de 24 horas con 17 muertes violentas.
En el transcurso de la tarde del miércoles y mañana de ayer, 17 personas fueron víctimas de muertes violentas en distintos puntos de la ciudad.
Hombres que atendían un puesto de flores, otro dentro de un auto afuera de una tienda, otro dentro de una tienda de abarrotes, uno a un costado de una primaria y así, en varias horas del día y la noche. El saldo violento llegó después de que se retirara el filtro militar en Playas de Tijuana y de que se anunciara que se están replanteando estrategias. Esperemos que, al igual que febrero y marzo, disminuya el promedio de asesinatos diarios.