Sacudida al PJE
De no suceder otra cosa, el próximo martes la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local analizará la propuesta para reformar la Constitución de Baja California, con la intención de desaparecer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Se debe recordar que el Gobierno del Estado envió esa iniciativa de reforma constitucional, por conducto del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano,y el diputado ex panista y ahora morenista Juan Manuel Molina García.
Uno de los argumentos es que desde su creación en 1995, el Consejo de la Judicatura, órgano encargado de la administración, vigilancia, supervisión y disciplina, no ha logrado la eficiencia en la administración del recurso del
Poder Judicial, aparte de que es oneroso.
Dentro de los puntos clave de la propuesta se encuentra uno muy interesante: Al desaparecer el Consejo de la Judicatura, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) serán designados por el Congreso del Estado de una terna enviada... por el Gobernador.
Así, ya no habrá exámenes psicométricos, de conocimientos teóricos, prácticos ni entrevistas a los aspirantes a magistrados, que correspondía realizar al Consejo de la Judicatura del Estado, con lo que prácticamente volverá el “dedazo” en la designación de magistrados, como ocurría hasta antes de 1995. Además, los Jueces serán designados por el pleno del TSJE, como se hacía antes, mientras que las ausencias temporales de los magistrados serán cubiertas por los Secretarios Proyectistas de la Sala correspondiente.
Dicen que los presidentes de las agrupaciones de abogados no dicen nada al respecto, porque la mayoría ya están incrustados en el gobierno.
Pero entre quienes sí hay desilusión es entre los Jueces de Primera Instancia, puesto que aunque tengan carrera judicial, ésta prácticamente no servirá para pasar al siguiente escalón.
FILTROS
PEAJE
Amador Rodríguez Lozano.
Vaya que han causado polémica los filtros “sanitarios” instalados por autoridades municipales en los diversos municipios de Baja California, como el que está en el ingreso a Mexicali, o los de Rosarito y Ensenada, para restringir el paso de personas con la finalidad de frenar los contagios de Covid-19. Sólo que estas acciones han causado controversia, porque existe el argumento de que se violenta la garantía de libre tránsito consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es obvio que estas decisiones causan incomodidad entre los visitantes a los diversos municipios, porque por un lado tienen razón en ejercer el derecho a transitar libremente, aunque por el otro lado mientras más movilidad haya es mayor el riesgo de contagios.
Otra decisión que ha causado opiniones encontradas, al menos en Mexicali, es que el “filtro sanitario” en el ingreso a Mexicali, se ha convertido en una revisión “aduanera” municipal, donde se busca impedir el ingreso de bebidas alcohólicas extranjeras, cuando de acuerdo al licenciado Guillermo Pérez, especialista en Derecho Aduanal y Fiscal, la autoridad municipal está cometiendo un delito previsto en el Código Fiscal de la Federación, al realiza revisiones y decomisos sólo autorizados para las autoridades aduaneras.
Por cierto, en redes sociales circula un video donde un joven pasa por el filtro y pregunta si le van a tomar la temperatura, a lo que le responden que el termómetro está descompuesto.
COVID Y JUSTICIA
Mientras el Covid-19 avanza en Baja California y en el país, donde para esta hora México ya se debe haber colado en el “Top 5” a nivel mundial de más muertes por coronavirus, el Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, está listo para abrir a partir de mañana los Juzgados sólo en la ciudad de Ensenada.
Por disposición del Consejo de la Judicatura, los Juzgados en Mexicali, Tijuana, Tecate y Salvador Rosarito permanecerán cerrados, aunque el Juan Ortiz secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, haya Morales. enviado un oficio el 30 de junio, donde indica que “se autoriza para llevar a cabo la reactivación de actividades”.
Y es que la decisión del Consejo de la Judicatura para no abrir, es que los contagios van al alza, y aunque tengan los protocolos y la autorización, en realidad no están preparados para afrontar el severo peligro de contagios.
Entre los abogados y en las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha que hay grupos de abogados que están metiendo presión para obligar a Ortiz Morales a abrir los Juzgados y, cuando haya contagios entre el personal o los litigantes, hacerlo responsable para que “truene” como presidente del TSJE.