Transparencia: Asignatura pendiente

Se crearon para facilitar el flujo de la información entre los medios y oficinas de gobierno. Sirvieron como espacios para darle trabajo a los miles de egresados de las facultades de comunicación en el país. Pero también, para debilitar las redacciones de medios críticos e integrar a los periodistas y editores, con mejores sueldos y prestaciones, como redactores y difusores de las acciones gubernamentales.

Inicialmente cumplieron en gran parte con su objetivo. Eran solo unas cuantas las dependencias de gobierno que contaban con su oficina de prensa, hoy pomposamente identificadas como comunicación social. Generalmente en los gobiernos estatales la información se canalizaba a través de la oficina central. Lo mismo en el Poder Legislativo, en los ayuntamientos y excepcionalmente alguien colaboraba en el Poder Judicial.

Para los periodistas eran dependencias de gran utilidad cuando el funcionario no podía o no quería atenderlos. Desde las oficinas de prensa se respondía positiva o negativamente a cualquier solicitud. Era inmediato.

Actualmente, las oficinas de comunicación social se han convertido en un dique para efectos de transparentar las acciones de gobierno. Y debe quedar constancia que ya no es solo una, sino que la mayoría de las dependencias de gobierno, federal, estatal y municipal, incluyendo los poderes legislativo y judicial, han creado en sus organigramas sus respectivas oficinas de comunicación social.

Millones de pesos se destinan en los presupuestos para mantener estas dependencias que lejos de abonar a la transparencia que ofrecen y presumen los gobernantes y funcionarios, se han transformado en verdaderas murallas que buscan impedir que la sociedad, a través de los medios independientes, conozcan la verdad de lo que al interior de los gobiernos ocurren.

Vea usted. Tan solo en el Poder Ejecutivo, además de la central, se tienen oficinas de comunicación en las secretarías de gobierno, salud, trabajo, bienestar, agricultura, turismo, economía, seguridad y obras públicas, entre otras. También la tiene la Fiscalía Estatal. En el Legislativo, además de la oficina titular, cada diputado tiene su propio equipo y en los ayuntamientos, hasta síndico y regidores tienen personal encargado de medios.

Y todas estas oficinas, que implican un fuerte gasto al erario, poco comunican y sí, mucho, lo que estorban para que la sociedad tenga acceso a la información con claridad, transparencia, oportunidad y, sobre todo, con verdad.

Recurrir además a las oficinas de Transparencia, donde también tienen su oficina de comunicación, resulta en trámites engorrosos, lentos, que apuestan a la molestia, enfado y el abandono del propósito. Cientos, tal vez miles de solicitudes de información se quedan archivadas ante la burocratizada respuesta de las entes gubernamentales y la nula capacidad de exigencia de la oficina responsable.

Recurrir a las páginas web oficiales queda en otro esfuerzo poco útil que generalmente termina en el abandono del intento. Evidentemente, eso es lo que se pretende y finalmente se consigue.

La transparencia, esa promesa reiterada de candidatos de todos los colores y todos los niveles, sigue siendo una asignatura pendiente. Más y más oficinas de comunicación social sólo generan más y más gasto en el presupuesto y mayor opacidad en el ejercicio de gobierno.

Tampoco la transparencia está en los monólogos mañaneros ni en las puestas a escena de los miércoles donde se hacen preguntas a modo para responder lo que se quiere. La sociedad y los medios requieren de apertura, claridad y documentación que soporte el discurso oficial. Lo demás es sólo propaganda que favorece al gobernante y que oculta las corruptelas del gobierno en turno.