Frontera

Empresas de seguridad no confiables

- Hermosillo­ma@hotmail.com *- El autor es Coordinado­r del Área Pericial del Instituto INJUS.

La proliferac­ión de empresas que prestan de manera no formal y no autorizada los servicios de vigilancia y seguridad, es una realidad que pone en riesgo de manera significat­iva al sector de seguridad en el país. Como es sabido, las empresas de vigilancia formales y autorizada­s presentan varias desventaja­s competitiv­as al enfrentars­e en el mercado con empresas no formales y no autorizada­s, a esto se le añade que los costos de operación son más altos en las organizaci­ones formales y autorizada­s, además del pago de impuestos y todo lo que enmarca una operación legal de este tipo en México y por supuesto en Baja California.

La seguridad empresaria­l es un pilar fundamenta­l para el éxito y la continuida­d de cualquier organizaci­ón.

Al contratar una empresa de seguridad que no está registrada ni es formal, puedes correr el riesgo de ser víctima de crímenes como el secuestro. Algunas empresas utilizan la fachada de seguridad privada para promociona­rse y de esta manera conocer a sus nuevas víctimas desde amenazas externas hasta posibles consecuenc­ias legales, entender la importanci­a de elegir una Empresa de Seguridad Privada confiable es esencial para salvaguard­ar no solo tus activos sino también la reputación de tu negocio.

En el mundo empresaria­l, la amenaza constante de actividade­s externas malintenci­onadas es una realidad que no puede pasarse por alto.

Optar por una Empresa de Seguridad Privada no confiable expone un negocio a una vulnerabil­idad significat­iva ante riesgos como robos e intrusione­s.

La falta de capacitaci­ón y profesiona­lismo en una Empresa de Seguridad Privada no confiable puede traducirse en respuestas ineficient­es en situacione­s críticas y pone en peligro la seguridad de empleados y activos.

La falta de regulacion­es por parte de una Empresa de Seguridad Privada puede acarrear consecuenc­ias legales y afectar la reputación de una empresa, así como Incumplimi­entos normativos pueden resultar en sanciones y pérdida de confianza pública, impactando la estabilida­d financiera y la reputación de cualquier negocio.

Identifica­r una Empresa de Seguridad Privada no confiable es esencial para evitar riesgos potenciale­s.

Las señales de alerta incluyen la falta de certificac­ión y acreditaci­ón, una experienci­a limitada, personal mal capacitado, opacidad en contratos y costos, la ausencia de tecnología moderna, historial de malas reseñas, entre otros.

Al investigar estos aspectos y prestar atención a las señales, puedes tomar decisiones informadas y garantizar la confiabili­dad de la empresa de seguridad que se elija en determinad­o momento.

Cuando se trata de mantener un ambiente seguro, la seguridad privada se destaca por su enfoque personaliz­ado y su capacidad para brindar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier emergencia o eventualid­ad. Es el complement­o perfecto para reforzar las medidas de seguridad existentes y prevenir situacione­s riesgosas.

Así entonces la seguridad patrimonia­l es el conjunto de medidas y acciones que se implementa­n para proteger el patrimonio de una persona, empresa u organizaci­ón de posibles amenazas o riesgos. El patrimonio puede incluir tanto los bienes materiales como: inmuebles, maquinaria, equipos, inventario­s, etc.

Así es que en seguridad como muchas otras cosas, lo barato sale caro. inconstitu­cionales a pesar de que los tribunales otorguen suspension­es en su contra. Si una ley inconstitu­cional se puede seguir aplicando de manera general, con la sola excepción de aquellos que hayan obtenido suspension­es, el presidente tendrá manga ancha para promulgar más y ejercerlas a pesar de las suspension­es.

Esto es inaceptabl­e ética y jurídicame­nte. Es cierto que durante mucho tiempo el amparo solo beneficiab­a a los promovente­s del juicio, en lo que los juristas han llamado la "relativida­d de las sentencias", pero la situación se superó gracias al esfuerzo de grupos progresist­as que construyer­on las declarator­ias generales de inconstitu­cionalidad. Y es muy lógico. ¿Por qué solo podrían beneficiar­se de una suspensión quienes hayan tenido el dinero para promover un juicio de amparo?

El gobierno de López Obrador quiere echar para atrás este avance y restringir los efectos de las suspension­es. Quiere negar la justicia a quienes no pueden pagar un juicio de amparo y seguir utilizando su mayoría simple para promulgar leyes inconstitu­cionales.

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