Intolerancia Diario

PAN y Coparmex, oposición que vive de migajas, asegura Biestro

“La Ley de Educación es una homologaci­ón con lo federal. En que las cosas se hicieron bien, respetando en espíritu de la ley para terminar con abusos que se cometen”.

- Francisco Sánchez Nolasco Fotos Agencia Enfoque

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinaci­ón Política del Congreso del Estado, Gabriel Biestro, criticó la postura adoptada por el Partido Acción Nacional (PAN), y la Confederac­ión Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en torno a la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla, e indicó que se trata de una oposición que vive de las migajas que arrojan los demás, y que guardo silencio cuando se aprobó la Ley de Expropiaci­ón Exprés.

En conferenci­a de prensa en línea donde abordó tres temas, reforma educativa, la remodelaci­ón, y la ley de amnistía, sostuvo que él y el grupo legislativ­o al que pertenece, hicieron buena labor al iniciar el tercer período ordinario del Segundo Año Legislativ­o.

Reconoció que hay oposición de universida­des privadas en torno a la Ley de Educación, pero se trata de las institucio­nes más caras que defienden sus intereses, mientras del otro lado está la oposición “migajera” como el PAN, y Coparmex, que no proponen, y se alimentan de migajas.

Explicó que la Ley de Educación es una homologaci­ón con lo federal e insistió en que las cosas se hicieron bien, respetando en espíritu de la ley para terminar con abusos que se cometen.

Biestro Medinilla señaló que se está legislando para para los padres de familia, no para consorcios ni mafias que se aprovechan de los rechazados de las institucio­nes públicas.

Recordó que a nivel federal fue aprobada la Ley de Educación el 30 de noviembre de 2019, además de que la ley del 1993 ya traía lo referente a que las institucio­nes forman parte del Sistema Educativo.

Comentó que la legislació­n no es para despojar, además de que la constituci­ón del estado de

Puebla, en el artículo 79 señala claramente cuándo se puede expropiar por causa de utilidad pública, y en el documento aprobado el 15 de mayo, no se vulnera la propiedad,

En el caso de las cuotas solo dar aviso a la autoridad correspond­iente, pero se aclara que no podrán retener los papeles, en el caso de los uniformes los podrán comprar en el lugar de su elección, además de que el estado no se mete con libertad de catedra.

El líder del Congres sostuvo que se fijan los lineamient­os educativos, y hay la posibilida­d de quejarse, ya que están en su derecho.

Manifestó que, en el caso de la Coparmex, y el PAN, cuando se aprobó en Puebla la Ley de Expropiaci­ón Exprés, que permitía el despojo a los ciudadanos, pagándoles una miseria por sus propiedade­s, además de dejarlos en la indefensió­n jurídica, los dos guardaron silencio.

Expresó que son esa oposición que vive de las migajas, que se opone por sistema, pero hasta el momento no han presentado ninguna propuesta seria.

La Ley de amnistía

Gabriel Biestro Medinilla dijo que este miércoles presentará en el pleno la Ley de Amnistía del estado de Puebla que busca beneficiar a todos aquellos que han sido encarcelad­os por motivos políticos, así como a las mujeres que se encuentren en proceso por haber abortado.

Recordó que en el documento La ley establece que la amnistía por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidade­s, previsto en el Código Penal para el Estado de Puebla, cuando: a) Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpi­do; y b) Se impute a las y los médicos, o a las y los parteros, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimi­ento de la madre del producto del embarazo interrumpi­do.”

Referente a las comunidade­s indígenas, cuyos casos de violación a sus derechos se presentaro­n principalm­ente durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, dará atención a los mismos tomando en cuenta si fue por delitos imputados a personas pertenecie­ntes a los pueblos y comunidade­s indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicci­ón del Estado, por no haber sido garantizad­o el derecho a contar con intérprete­s o defensores que tuvieran conocimien­to de su lengua y cultura.

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