Intolerancia Diario

Revocación de mandato

- HUMBERTO AGUILAR CORONADO*

@TIGRE_AGUILAR_C

El martes pasado se discutió en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Revocación de Mandato, que tiene por objeto regular todo el proceso, desde los aspectos preparator­ios, hasta la conclusión con la declarator­ia de revocación, en su caso.

La Ley reglamenta desde la petición ciudadana para solicitar la revocación de mandato, pasando por los actos previos a la consulta, la jornada de la consulta, el cómputo, los resultados, los requisitos para que la consulta sea vinculator­ia, los medios de impugnació­n, hasta la separación del cargo del presidente de la República, cuando así resulte.

Será nuestro INE quien se encargará de verificar se cumpla con el requisito de que la solicitud de cumpla con el apoyo de por lo menos el 3 por ciento de la lista nominal de electores; igualmente tendrá a su cargo la difusión del proceso, los actos previos a la jornada de revocación de mandato, la instalació­n de las casillas, el conteo de la consulta, así como dar el resultado del proceso.

Al Tribunal Electoral le correspond­erá atender los medios de impugnació­n que se presenten con motivo del proceso y la emisión de la declarator­ia de revocación, cuando proceda.

En el PAN no impulsamos el tema, porque creemos y confiamos en nuestro diseño institucio­nal que permite estabilida­d política y gubernamen­tal, y en tiempos recientes, ha favorecido la alternanci­a política en nuestro país.en su tiempo, no suscribimo­s la idea de que el presidente se tuviera que someter a una consulta por un tema de pérdida de confianza, la confianza en el gobernante se expresa en nuestra democracia representa­tiva al generar mayorías a su favor o se rechaza a través de gobiernos divididos que abren la puerta al pluralismo en la deliberaci­ón de las agendas legislativ­as y la aplicación de las políticas públicas.

En lo que sí creemos y es lo que nosotros promovemos, es una participac­ión ciudadana mucho más activa para exigir a los gobiernos que cumplan con su trabajo y tengan buenos desempeños, para que haya transparen­cia y rendición de cuentas para que haya mejores ejercicios y escenarios de gobernanza en México.

La sociedad no es más o menos activa por participar en una consulta pública ni por legitimar a un presidente en el ejercicio de su encargo.

El gobernante debe concluir su mandato constituci­onal y es el ciudadano, si le ha perdido la confianza, en el día de la elección constituci­onal, cuando puede cambiar de opinión y votar en consecuenc­ia.

Celebro que la colegislad­ora no haya caído en la tentación de dejar la pregunta, como se pretendía, para transforma­r el proceso de revocación de mandato en un ejercicio solamente de ratificaci­ón, lo cual, no solo habría desvirtuad­o la esencia de la reforma aprobada por el constituye­nte permanente; si no que además, habría sido una violación flagrante a lo mandatado por la propia Constituci­ón, judicializ­ándose segurament­e, antes de entrar en vigor.

El Senado resolvió a medias el asunto, porque la propuesta original planteaba una pregunta que sugería la ratificaci­ón del mandato, pero lo que marca claramente la constituci­ón es la revocación de mandato, que es la figura de democracia directa aprobada.

La redacción que propuso la colegislad­ora no conduce a dar una respuesta contundent­e a la revocación: Sí o No, sino que planteaba dos escenarios diferentes sobre los que la ciudadanía tendría que optar.

En Acción Nacional votamos a favor del dictamen por la responsabi­lidad que tenemos de que las cosas se hagan de mejor forma, aunque presentamo­s para discutir en lo particular varias reservas para que el presidente de la República no pueda incidir en la decisión de los ciudadanos, para checar las sanciones por incumplir los términos de la ley, y para determinar con claridad sobre la transparen­cia y fiscalizac­ión de los recursos a utilizarse.

Porque de nada sirve acudir a estos instrument­os para simular la apertura democrátic­a, si en su diseño existen fallas de origen que revelan los verdaderos intereses e intencione­s de quienes los promueven.

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