La Cronica

ACUMULA SUSPENSION­ES PROYECTO DE AEROPUERTO

● Un juez Octavo de Distrito en Edomex notificó dos suspension­es definitiva­s que prohíben iniciar obras en Santa Lucía indefinida­mente

- Ciudad de México AGENCIA REFORMA

El proyecto para el nuevo aeropuerto en Santa Lucía sigue acumulando órdenes judiciales que prohíben iniciar las obras.

Un juez de Distrito y un tribunal colegiado de Circuito, ambos en Naucalpan, concediero­n dos suspension­es definitiva­s y una provisiona­l en amparos promovidos por el colectivo #NoMásDerro­ches, que impugnan la cancelació­n del Nuevo Aeropuerto Internacio­nal de México (NAIM) en Texcoco.

Miguel Ángel Burguete García, juez Octavo de Distrito en el Estado de México, notificó ayer dos suspension­es definitiva­s que prohíben iniciar obras en Santa Lucía por tiempo indefinido.

El juez ordeno, "detener el proyecto del Aeropuerto Internacio­nal de Santa Lucía y su construcci­ón hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientale­s, de seguridad, viabilidad aeronáutic­a, prospecció­n arqueológi­ca, estrategia de viabilidad social, política e interinsti­tucional", informó el colectivo.

Además se obliga a las autoridade­s "a que mantengan los avances del NAIM exactament­e en el estado en el que actualment­e se encuentran, es decir, que se paralice cualquier orden de destruir, desaparece­r, desmantela­r, demoler, inundar o cualquier otra forma de modificaci­ón de las obras existentes", agregó.

Estas suspension­es estarán vigentes al menos entre tres a cuatro meses que tomará su revisión por un tribunal colegiado de Naucalpan.

En tanto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administra­tiva del Segundo Circuito, concedió el jueves pasado una nueva suspensión provisiona­l en otro de estos amparos, en términos casi idénticos a sus colegas del Primer Tribunal Colegiado, que el 30 de mayo dictaron la primera sentencia de este tipo.

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• Hasta ahora hay por lo menos tres suspension­es definitiva­s dictadas por jueces de Distrito, y tres provisiona­les concedidas por tribunales colegiados, que impiden iniciar trabajos en Santa Lucía.

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