Otra opción para AMLO: los cambios por la puerta de atrás

Antes de la elección del seis de junio pasado, Morena y sus aliados no tenían mayoría calificada de dos terceras partes en el Senado para reformar la Constitución. Ante esta situación, algunas de sus propuestas, como la revocación de mandato, la tuvieron que negociar con la oposición para superar la aduana senatorial. Dicha reforma cambió sustancialmente de lo que el Presidente pretendía. Pero también implementaron otra forma de sacar adelante reformas sin tener que enmendar la Carta Magna: los cambios por la puerta de atrás. ¿A qué me refiero?

Muy sencillo. Aprobaban leyes secundarias con la mayoría absoluta que tenía Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso, leyes que a todas luces contradecían la Constitución. No obstante, el Ejecutivo las promulgaba. Ni tardos ni perezosos, los órganos facultados para interponer una Acción de Inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) procedían a demandar su invalidez por contradecir a la Carta Magna.

Para anular la ley en cuestión, se requiere de una mayoría calificada de ocho de los once ministros del Pleno de la Corte. He aquí el quid del asunto. El Presidente necesita solo cuatro ministros para desestimar la inconstitucionalidad de sus leyes. Cuatro ministros. Ése es el número mágico. Y, por cierto, en una extraña característica de nuestro sistema jurídico no es que se declare constitucional la ley sino se desestima su inconstitucionalidad. Cosas del “México bizarro”, dirían Julio Patán y Alejandro Rosas.

Doy un ejemplo, quizá el más nítido, de cómo el gobierno de AMLO ha tratado de hacer cambios por la puerta de atrás.

Primero promovieron un acuerdo para cambiar las reglas de la CENACE en el despacho de la energía eléctrica. Los jueces federales se los echaron para atrás. Luego publicaron un decreto que modificaba las reglas del sistema eléctrico nacional. Una vez más, el Poder Judicial de la Federación se los echó para atrás por inconstitucional.

Vino después la reforma a la ley secundaria de la Industria Eléctrica que también contradice a la Constitución. Una minoría de legisladores solicitaron a la SCJN la acción de inconstitucionalidad por atentar contra diversas disposiciones contempladas en la Carta Magna. La Corte tendrá que resolver este asunto.

Así que, en este tema de regresarle el monopolio de la industria eléctrica a la

CFE, AMLO tiene dos opciones hacia adelante.

Uno, conseguir los cuatro votos en la SCJN para que su ley secundaria quede válida. Y ya vimos que está dispuesto a utilizar el aparato del Estado para presionar a los ministros de la Corte. Gracias a eso, por ejemplo, removió de su puesto al ministro Eduardo Medina Mora.

La otra opción es dejarse de chicanas y reformar la Constitución de una vez por todas. Es lo que debió haber hecho desde el principio. Pero no tenía los números en el Senado para hacerlo. Por eso procedió por la puerta de atrás.

Ya anunció que sí promoverá una reforma constitucional en materia eléctrica. Está en su derecho. Pero ahora, a diferencia de la Legislatura pasada, tampoco le alcanza el número de diputados de Morena y sus aliados. Tendría que sumar a una gran parte de los del PRI a los que está en proceso de seducirlos o amedrentarlos. Todo esto en caso de no conseguir los cuatro ministros de la SCJN para validar su ley de la industria eléctrica.

Porque, en la medida que AMLO controle cuatro votos de la SCJN, va a poder continuar haciendo cambios por la puerta de atrás: reformar leyes secundarias que, no obstante su inconstitucionalidad, puedan prevalecer gracias al voto de una minoría de ministros de la Corte.

¿Cómo andan los números de AMLO en la SCJN?

Hasta ahora, el Presidente ha nominado a tres ministros: Juan Luis González Alcántara, Yazmín Esquivel y Margarita Ríos. No hay que asumir que, como éstos le deben el puesto a AMLO, votarían en automático para satisfacer al Ejecutivo. Pero de lo que no hay duda es que son más cercanos a López Obrador que los otros.

Este año se retira Fernando Franco por lo que AMLO nominará a un cuarto ministro. Alguien que seguramente comulgará con las ideas de la llamada “Cuarta Transformación”. Súmese el caso controversial del ministro presidente, Arturo Zaldívar, quien ha tenido una política de apaciguar a AMLO en sus intentos por presionar a la SCJN.

Así que no descartemos el uso de la puerta de atrás de la SCJN para que AMLO siga realizando cambios. Por eso, hay que seguir muy de cerca lo que suceda con la Suprema Corte durante la segunda mitad de este sexenio.

WINSTON CHURCHILL

Parece maravilloso que el gobierno busque una reforma tributaria que eleve la recaudación sin aumentar impuestos y que cobre más solo a quienes evaden el fisco. El problema surge cuando nos percatamos que las cifras están equivocadas y que la reforma puede destruir buena parte de la actividad económica y dañar a toda la sociedad.

Raquel Buenrostro, jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), ha anunciado que promoverá una reforma fiscal, solo una “miscelánea”, para recaudar 200 mil millones de pesos adicionales en 2022. “No va a ser una reforma fiscal en el sentido tradicional, porque no implica el aumento de impuestos ni la generación de nuevos. Se está buscando justicia fiscal y que todo [el] mundo pague lo que tiene que pagar, lo justo de acuerdo con sus ingresos”.

Los 200 mil millones de pesos serían solo el “primer saque”, afirma. La idea de largo plazo es obtener hasta 700 mil millones de pesos adicionales de los grandes contribuyentes, 500 mil millones del contrabando y la informalidad y 200 mil millones del comercio exterior y las aduanas. Esto daría un gran total de 1.4 billones de pesos anuales. No está mal si consideramos que para este 2021 se programó un gasto neto total de 5.3 billones.

La mayor parte del esfuerzo será exprimir a los grandes contribuyentes. El año pasado, según Buenrostro, estos solo pagaron una “tasa efectiva” de 1.3 por ciento, un monto insignificante ante el 25.4 por ciento de las personas físicas o el 11.4 por ciento de sueldos y salarios.

Esta supuesta tasa efectiva, sin embargo, es un engaño. Surge de confundir las utilidades con los ingresos, lo cual no hace nadie con un conocimiento básico de contabilidad. La tasa efectiva sobre los ingresos, en vez de las utilidades, no considera que las empresas deducen sus gastos de sus ingresos antes de declarar utilidades. Si realmente se aplicara a las empresas una tasa efectiva de 30 por ciento sobre sus ingresos, sin deducciones, todas quebrarían. Y ya ninguna pagaría impuestos.

México tiene uno de los impuestos corporativos más altos del mundo, con 30 por ciento sobre utilidades (sin considerar el 10 por ciento de reparto de utilidades y el10 por ciento de pago de dividendos). Donald Trump bajó el de Estados Unidos de 39 por ciento a 21 por ciento, aunque con los impuestos estatales sube a 27 por ciento. En Suecia es de 20.6 por ciento, en Suiza de 14.93 y en Irlanda de 12.5 (cifras de KPMG). Los países desarrollados han entendido que es mejor tener impuestos bajos para las empresas, porque generan empleos y actividad económica, y saben que, en realidad, las empresas nunca pagan impuestos: o los trasladan a los consumidores o quiebran.

Es verdad que México necesita una verdadera reforma fiscal, pero no para subir los impuestos de las empresas, sino para hacerlos más sencillos, equitativos y transparentes. Hay una enorme complejidad en el sistema tributario. Las reglas son tan complicadas que los grandes corporativos toman ventajas, porque tienen ejércitos de abogados y contadores, pero las pequeñas y medianas quedan indefensas.

Aplaudo que el SAT quiera lograr una mayor justicia fiscal. La forma de hacerlo, sin embargo, no es perseguir a los grandes contribuyentes, sino reducir las tasas, eliminar los tratos preferenciales, simplificar las reglas y facilitar los trámites. Esto nos daría a todos más empleos y prosperidad. y al gobierno una mayor recaudación.

REFORMAS

El presidente dice que solo necesita tres reformas constitucionales en la siguiente legislatura: restablecer el monopolio de la CFE (y supongo de Pemex), reformar el INE y hacer que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena. Habrá que ver si logra las mayorías calificadas para las tres.

“El que una nación trate de lograr la prosperidad a base de impuestos es como pararse en una cubeta y tratar

de levantarla de las asas”.